El designado secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, alegó hoy que la orden administrativa que archiva el caso contra los suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón por presuntas violaciones ambientales en La Parguera fue redactada por la pasada administración.
“La Orden Administrativa para establecer el cobro de derechos para el uso de terrenos y aguas de dominio público en La Parguera en el municipio de Lajas fue redacta y preparada por la administración anterior y eso quedó constatado durante el proceso de transición”, señaló el funcionario en declaraciones escritas.
La orden administrativa 2025-01, firmada ayer por Quiles Pérez en su primer día en el puesto, tiene el efecto directo de ponerle fin al caso contra José del Carmen Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, padres del esposo de la gobernadora, José Yovín Vargas.
Desde mayo de 2023, el DRNA le imputa al matrimonio haber construido ilegalmente una terraza en su propiedad enclavada en la reserva natural de Lajas, para lo que cortó mangle y rellenó, en violación de la reglamentación vigente. El caso todavía estaba vivo y pendiente de resolución, pues la pareja había recurrido a recursos de revisión.
La orden de Quiles Pérez garantiza la permanencia de las casas, muelles y otras estructuras construidas en la zona marítimo terrestre, sobre terrenos sumergidos de dominio público, mediante el otorgamiento de concesiones que conllevan el pago de un canon al Estado.
Esta orden también les ordena a los oficiales examinadores y jueces administrativos del DRNA “el archivo de los casos relacionados a los asuntos establecidos en la presente orden administrativos por convertirse académicos”.
“La orden administrativa lo que hace es un reconocimiento a las condiciones históricas, culturales y turísticas del sector la Parguera en el municipio de Lajas, la cual es un modelo a seguir en otras áreas de Puerto Rico con condiciones similares. Se hizo una interpretación jurídica de la reglamentación del presente de lo que todos saben ha sido la planificación del pasado, esto dentro del contexto histórico de la isla”, indicó Quiles Pérez en su comunicado de prensa.
En su defensa de la orden, Quiles Pérez agregó lo siguiente: “Por tanto, la orden administrativa reconoce unos derechos adquiridos de todos los que tienen una residencia en la Parguera, pero a su vez establece unas claras responsabilidades que los dueños tienen que cumplir. De esta manera terminamos con el limbo jurídico que ha perdurado por décadas, el cual ha sido detrimental tanto para los propietarios de las residencias en la Parguera, como para el gobierno de Puerto Rico”.
El funcionario dijo, además, que “con esta Orden Administrativa vamos a realizar los trabajos para obtener huella física de estas estructuras. Con esto mantendremos así el control de esa huella para que en el futuro tengamos evidencia de la misma y nadie pueda expandirla”.
Sin embargo, el documento estipula que concesiones podrán renovarse cada cinco años y para ello se utilizará, únicamente, la información provista por los dueños de las estructuras a través de declaraciones juradas. La orden no provee para que el DRNA confirme que la información provista por los dueños en sus declaraciones juradas sea correcta.
