Tras una jornada tumultuosa en la que se retiró su nominación al cargo de Secretario de Estado y se le cuestionó por figurar simultáneamente como elector activo en Puerto Rico y el estado de Florida, Arthur Garffer enfrenta otro señalamiento.
Esta vez, por uso indebido de su posición como actual Secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y por empleo inapropiado de los recursos públicos asignados a esa agencia, para anunciar la creación de un Comité de Acción Política (PAC).
La denuncia fue hecha este miércoles por Domingo Torres García, portavoz alterno del Partido Popular Democrático, y el representante Ramón Torres Cruz, quienes distribuyeron a medios copia de la radicación de un referido a la Oficina de Ética Gubernamental.
“Garffer utilizó papel timbrado oficial del DSP, canales institucionales y su cargo como jefe de una agencia de seguridad pública para anunciar públicamente la creación de un PAC. Esto constituye una posible violación de leyes y reglamentos que prohíben expresamente el uso de recursos públicos para estos fines”, planteó en declaraciones escritas Torres García.
“En un comunicado distribuido por el Departamento de Seguridad Pública, Garffer no solo agradece a la gobernadora Jenniffer González Colón por su fallido nombramiento como Secretario de Estado, sino que anuncia la creación de un comité de acción política, orientado a influenciar la política pública sobre el voto militar y la figura del veterano”, agregó Torres Cruz,
“Este anuncio, hecho desde su cargo oficial y en un contexto institucional”, continuó, “representa un uso inaceptable de su posición pública para adelantar intereses políticos”.
El referido presentado por los legisladores plantea que “El uso de un agente (empleado u oficial de prensa) pago con fondos públicos para anunciar, divulgar, promover, informar la creación de un Comité de Acción Política (PAC) en un documento público (timbrado) sin dudas configura una violación al inciso (k) del Artículo 4.2 de la Ley 1-2012, conocida como Ley de Ética Gubernamental, toda vez que el servidor público no puede, mientras se encuentra en funciones de su trabajo, dirigir o fomentar actividades que, directa o indirectamente, promuevan intereses electorales”.
“Garffer tiene derecho, como cualquier ciudadano, a expresarse políticamente y a organizarse. Lo que no tiene derecho es a usar el poder y los recursos del Estado para promover causas políticas”, agregan los representantes.
“Si esto se permite, mañana cualquier jefe de agencia puede hacer campaña desde su escritorio, y eso no lo vamos a tolerar”, sentenciaron.
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