El director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Luis Collazo Rodríguez, aseveró en una vista cameral que el proyecto que propone aumentar las anualidades que les pague el gobierno a los pensionados de los Sistemas de Retiro violaría el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) y el Plan Fiscal de Puerto Rico.
Esto, por no contar con los fondos asignados para su implementación.
“Sostenemos que la aprobación de la medida conlleva una potencial violación a las disposiciones del PAD y al Plan Fiscal para Puerto Rico”, afirmó Collazo Rodríguez en una vista pública de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes, presidida por el legislador Domingo Torres García.
El Proyecto de la Cámara 2038 propone un aumento de 10 por ciento en todas las anualidades que pague el gobierno a los pensionados de los Sistemas de Retiro por méritos, edad, años de servicio o incapacidad, hasta un máximo de $3,000.
De igual forma, la medida persigue aumentar anualmente las pensiones de costo de vida (COLA) que determine el Administrador del Seguro Social de Estados Unidos, lo que se sufragaría con los ingresos de Impuesto sobre las Ventas y el Uso (IVU) que no estén asignados al Fondo de Administración Municipal.
“No podemos perder de perspectiva que existen limitaciones fiscales y legales bajo la Ley PROMESA. Ciertamente, la aprobación de este proyecto representa un aumento a los beneficios de los pensionados bajo el sistema. En consecuencia, esto conlleva un impacto económico que se verá reflejado en la partida presupuestaria destinada para el pago de las pensiones y, por ende, la medida tendría un impacto incremental en el presupuesto del Fondo General”, planteó Collazo Rodríguez.
Por otro lado, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), el Departamento de Hacienda (DH) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) presentaron una ponencia conjunta. En la vista pública les representó Luis Umpierre Ferrer.
Las agencias señalaron que la medida impondría aumentos en las pensiones de todos los retirados de los Sistemas de Retiro del Gobierno de 10 por ciento durante el primer año, así como aumentos por COLA en los años subsiguientes a partir del 1 de julio de 2025.
“Al presente, AAFAF, Hacienda y OGP desconocen a cuánto ascendería el referido impacto. Del trámite legislativo de la medida no surge que la Asamblea Legislativa cuente con un estudio de impacto fiscal ni un análisis actuarial de lo que representan dichos gastos incrementales”, declaró Umpierre Ferrer.
“No estamos en posición de avalar la aprobación del proyecto según redactado y, aunque tiene un objetivo loable, mantenemos interrogantes fiscales, presupuestarias y programáticas relacionadas a su implementación y consistencia con el Plan Fiscal. A fin de cuentas, la media contraviene expresamente el párrafo 62 de la Orden de Confirmación por lo que existe un impedimento legal para su implementación”, agregó.
