Durante la mañana de hoy, martes, el colectivo «Jornada se acabaron las promesas» cerraron la vía de tránsito frente al Edificio Seaborne en el “Milla de Oro”, en repudio a los 10 años de imposición de la Junta de Control Fiscal.
Desde esta madrugada, el tránsito en la zona ha sido desviado en dirección a Río Piedras.
“El gobierno de Estados Unidos, con sus cortes y su Congreso, utiliza como pretexto la crisis fiscal y la corrupción gubernamental para obligar a nuestro pueblo a someterse a la Ley Promesa. A casi 10 años, la corrupción y el saqueo continúan. La crisis se agudiza mientras los integrantes de dicha junta sangran nuestras arcas e implementan políticas de austeridad que empeoran nuestra calidad de vida”, destacó el colectivo en un comunicado de prensa.
“La administración colonial mantiene una pugna frívola entre la Gobernación y el Senado, con la que pelean el control de las migajas que les deja la junta. Para comprender los graves problemas que afectan a nuestro país, tenemos que asumir la realidad de que no mandamos en nuestra tierra. Además de que los asuntos medulares de nuestra cotidianidad están en manos de una entidad externa”, continua el comunicado.
“Convocamos a la gente a que se una a la jornada de actividades en rumbo al 31 de agosto”, añadió.
La Ley Promesa fue implementada el 30 de junio de 2016, mientras que la Junta de Control Fiscal fue impuesta el 31 de agosto de ese año.
“Cada día es más difícil para que la gente pobre y trabajadora tenga una vida digna en este país. Somos víctimas de desplazamiento de nuestras comunidades, falta de seguridad alimentaria, pobres servicios de salud, saqueo de nuestras tierras agrícolas, escasez de vivienda, crímenes ambientales y todo tipo de privaciones de bienes del pueblo. Las leyes 20 y 22 han convertido la isla en un paraíso fiscal para un grupito de extranjeros que se lucran de manera privilegiada de nuestra isla, sin ninguna fiscalización”, sentenció el colectivo.
“La deteriorada infraestructura de nuestras escuelas y los recortes presupuestarios a la UPR han reducido el acceso a la educación. La reforma laboral eliminó protecciones como vacaciones, días de enfermedad y el bono de Navidad. La junta dictatorial de control fiscal y el gobierno colonial destruyeron los sistemas de retiro de los empleados públicos. La crisis energética que confrontamos producto de los contratos corruptos de LUMA y Genera mantienen a la gente en un estado permanente de angustia”, abundó.
“Todas estas problemáticas son producto de las políticas de austeridad impuestas por la junta. Normalizar este crimen no es una opción. Por esto nos tiramos a la calle para denunciar los múltiples problemas que enfrentamos y el rol de la junta en esta crisis”, concluyó.
