La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que penaliza el dormir en las calles ha generado preocupación por su potencial aplicación en Puerto Rico.
La ordenanza municipal de Grants Pass, en Oregon, que prohíbe pernoctar en lugares públicos fue validada ayer por el Supremo federal en una decisión 6-3, lo cual genera un precedente para la política sobre las personas sin hogar en todas las jurisdicciones del país.
En Puerto Rico, si quisieran, los municipios podrían generar una política pública similar.
“El Supremo eliminó cualquier protección que pudieran tener las personas sin hogar. La decisión de 6 a 3 permite el castigo por no tener donde vivir”, lamentó la directora ejecutiva de Solo por Hoy, Inc., Belinda Hill, en declaraciones escritas.
Solo por Hoy es una organización que atiende el sinhogarismo en Puerto Rico, canalizando servicios y vivienda para esta población.
“En un clima económico como el que tenemos donde no hay viviendas asequibles suficientes, con este fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos se abre la puerta a que ciudades aún en Puerto Rico puedan prohibir el dormir en la calle”, puntualizó. “El efecto es que en esas ciudades se van a llenar las cárceles porque criminalizan la pobreza”.
La ordenanza municipal de Grants Pass en Oregon establece que cobijarse o arroparse en un lugar público implica que se quiere pernoctar allí, y eso conlleva un delito con pena de cárcel.
Hill resaltó el hecho de que, si se procesa judicialmente a una persona sin hogar, su récord criminal le impedirá ser elegible para vivienda pública, lo que agrava la situación.
“Estás haciendo más difícil que una persona pueda ser ubicada en una vivienda, ya que una persona con historial delictivo no es elegible a vivienda pública, a menos que hayan pasado varios años de la sentencia. Esto tendría consecuencias devastadoras para las personas sin hogar”, sostuvo.
Durante su gestión con la entidad Solo por Hoy, Hill ha experimentado lo cuesta arriba que resulta conseguirles vivienda a las personas sin hogar para sacarlas de las calles, facilitar su rehabilitación y encaminarlas hacia la estabilidad.
Por ello, reclamó que el gobierno haga su parte para resolver la crisis de falta de vivienda asequible.
“En Puerto Rico hay que unir esfuerzos del gobierno y de todos los sectores para acelerar iniciativas que hagan accesibles las viviendas a puertorriqueños de todos los niveles económicos. Ahora mismo podemos tener casos de participantes de nuestros programas de sinhogarismo que aún teniendo en la mano un vale de vivienda aprobado no lo pueden utilizar porque el costo de las viviendas de alquiler ha aumentado y el vale no les da”, indicó.
La regulación de los alquileres a corto plazo, que no tuvo el aval de la Legislatura durante este cuatrienio, es puntual en este esfuerzo, opinó.
“Necesitamos trabajar para que haya más vivienda disponible y también restringir, como acaban de hacer en Barcelona, España, el uso de apartamentos para Airbnb o alquiler a corto plazo que encarece los costos de los apartamentos y casas. También deben desarrollarse proyectos para construir vivienda asequible, con subsidios”, dijo Hill.
No actuar, planteó, tendría como consecuencia que “van a haber muchas más personas en la calle, con el agravante de que ahora se ha declarado un crimen”.
“Es urgente rehabilitar edificios o estructuras vacías y transformarlas en vivienda asequible. Eso va a costar menos que criminalizar a las personas sin hogar y meterlas presas”, aseveró.
Se estima que hay 5,000 personas sin hogar en Puerto Rico. En el más reciente conteo de personas sin hogar se encontró que el 52 por ciento de ellas estaban sin hogar por primera vez por razones económicas.