El Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR) evalúa demandar al nominado secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, por pérdidas provocadas a esta organización bajo la Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero (RICO Act en inglés).
El plan del gremio trascendió hoy, miércoles, ante la Comisión Total del Senado en la que se indaga la designación de Ramos Otero como secretario del Departamento de Salud y se presentaron señalamientos sobre su gestión como pasado presidente del Colegio, incluyendo un préstamo que fue descrito como “usurero”.
“Es un hecho incontrovertido que el doctor Ramos Otero no tiene la capacidad de administrar, supervisar y monitorear fondos federales. No cabe duda alguna que le faltó a la verdad, a los médicos y a nuestro Colegio de Médicos”, sentenció el actual presidente del CMCPR, Carlos Díaz Vélez, durante su ponencia ante el Senado.
Según explicó, Ramos Otero fue suspendido de la Junta de Gobierno de la entidad en julio de 2022 por comprometer a la institución con un préstamo de $125 mil sin autorización de la Junta de Directores, lo que terminó en pagos por intereses que ascendieron a $221 mil, de los cuales $31 mil se pagaron con fondos del Colegio.
El préstamo, según indicó, fue negociado sin transparencia y a espaldas de la Junta, violando el reglamento interno.
Díaz Vélez destacó además que la entonces asesora legal de Ramos Otero, Verónica Ferraiuoli Hornedo, actual secretaria designada del Departamento del Estado, intervino en la redacción del pagaré del préstamo.
“No por hacerle daño a ella, sino para reparar la imagen de un compañero abogado del Colegio. Tenemos la factura. Si no, no lo hubiera traído”, sostuvo Díaz Vélez a preguntas de la prensa.
Además, detalló que entre otros hallazgos hay un informe de auditoría que identificó fallas en el manejo de fondos federales durante la pandemia, conflictos de interés, uso indebido de recursos y la creación de un plan médico que nunca se materializó.
Asimismo, aseguró que en una cuenta pública vinculada a este plan se liberaron $1.2 millones, sin el conocimiento del Colegio.
Díaz Vélez confirmó al Senado que los hallazgos se han referido al Inspector General Federal, al FBI y el Departamento de Justicia.
“El nominado no puede ser confirmado. El país lo está diciendo. Los médicos no lo queremos. Está claro. No tiene la madurez, no tiene la experiencia. ¿Por qué él?”, cuestionó Díaz Vélez.
De igual forma, advirtió que “hay un grave riesgo” de que se afecte la recepción de fondos federales debido al historial del nominado.
Algo huele mal en insistir para su nominación, tal vez relacionada con algún esquema parecido al que tuvo Rikitriki antes de que lo botáramos en el 2019, pero esta vez vinculado al esposo Yovin que necesita credenciales para ejercer como médico…El futuro nos lo dirá.