La Legislatura Municipal de Ponce dejó anoche sobre la mesa el proyecto de ordenanza que cambiaría el orden de sucesión interina ante el surgimiento de una vacante permanente en el puesto de alcalde.
El proyecto llegó ante la consideración de la asamblea a cuatro días de que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) comunique si acusará o no al alcalde popular Luis Irizarry Pabón, quien es investigado por presuntas violaciones de ley relacionadas con su campaña política de 2020.
La legisladora María Cristina Martínez, de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), fue quien solicitó que no se discutiera el proyecto anoche.
“Voy a presentar una moción para que este proyecto se deje sobre la mesa para hacer un estudio más profundo del mismo”, manifestó Martínez, sin que hubiera oposición del cuerpo.
El legislador municipal por el Movimiento Victoria Ciudadana, José Hernández Lázaro, dijo que la petición de Martínez surgió luego de que la delegación del PPD se reuniera en caucus.
“Cuando llegamos a la Legislatura, la mayoría del Partido Popular se reunió en caucus por cerca de hora y media y, cuando salen, la determinación que se tomó fue dejar ese proyecto sobre la mesa, argumentando que lo que se iba a conseguir con eso era poder estudiar con mayor profundidad ese proyecto”, relató Hernández Lázaro en entrevista con La Perla del Sur.
La acción de dejar el proyecto sobre la mesa no permite siquiera que se vea en comisión, pero pudiera retomarse más adelante.
“Desde el punto de vista de la Legislatura, no se pudo discutir públicamente, no se pudo hacer preguntas, no hubo debate, sino que se retiró y existe la posibilidad de que se vea más adelante en esta sesión”, comentó el portavoz de MVC.
El proyecto propuesto por Irizarry Pabón derogaría la Ordenanza #32 serie 2019-2020 y crearía una nueva ordenanza que se atemperaría a las disposiciones de la Ley 107 de 2020, conocida como el Código Municipal.
El orden de sucesión actual en Ponce, promulgado por la entonces alcaldesa María Meléndez Altieri, establecía que, ante su ausencia permanente, le sucederían en el puesto los siguientes funcionarios, en este orden: director(a) de Servicios Legales, director(a) de Permisos y director(a) de Ayuda al Ciudadano.
El cambio propuesto por la administración de Irizarry Pabón es que el orden de sucesión quede así: vicealcalde(sa), secretario(a) municipal, director(a) de Servicios Legales y administrador(a) municipal.
Actualmente, Marlese Sifre es la vicealcaldesa, Edgar Avilés el secretario, Annette Rodríguez la directora de Servicios Legales y Francisco Rodríguez el administrador.
Esta acción de la delegación popular levanta sospechas de que Irizarry Pabón no tenía los votos para que su propuesta fuera aprobada.
“Parecería que había una oposición de ciertos sectores dentro de la mayoría al orden que se estaba proponiendo”, opinó Hernández Lázaro. “Esa frase de ‘para hacer un estudio más profundo’ es una frase eufemística que se ha usado en otras ocasiones cuando están los votos para bregar con un proyecto”.
El proyecto de ordenanza establece que el Código Municipal impide que sucedan al alcalde el director(a) de Finanzas, el(la) auditor(a) interno(a) ni ningún pariente del funcionario dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
La sucesión se activaría ante la vacante permanente en el cargo de alcalde(sa) por muerte, renuncia, destitución, incapacidad total y permanente, o si es suspendido(a) de empleo mientras se ventilan cargos en su contra.
Los fiscales especiales independientes que investigan a Irizarry Pabón, Manuel Núñez Corrada y Miguel A. Colón Ortiz, tendrán hasta el 10 de octubre de 2023 para culminar la pesquisa.
El PFEI designó a los fiscales para investigar a Irizarry Pabón el 12 de abril de este año, luego de acoger la recomendación que a tales fines le hizo el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
El 12 de julio venció el término inicial de 90 días que tenían Núñez Corrada, fiscal especial independiente, y Colón Ortiz, fiscal delegado, para completar la investigación. Sin embargo, estos solicitaron tiempo adicional, lo que les fue concedido. Esa extensión venció el 31 de agosto.
Al no haber terminado la pesquisa, se les concedió tiempo adicional hasta el 10 de octubre.
El informe de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, que dio paso al referido, detalla que Irizarry Pabón pudo haber incurrido en violaciones a los artículos 191 y 251 del Código Penal; los artículos 4.2 (b) v (m) de la Ley de Ética Gubernamental; y el artículo 13.005 de la Ley 22 para la fiscalización del financiamiento de campañas políticas. En este último, por presentar informes que se aduce son falsos.
El caso comenzó con una comunicación —vía correo electrónico— remitida a la contralora Yesmín M. Valdivieso, que a su vez fue referida al Departamento de Justicia. En dicha comunicación se alegó que el alcalde ponceño les había solicitado a dos funcionarios municipales que recogieran aportaciones monetarias entre varios empleados de confianza.
El dinero se usaría para pagar un préstamo personal que tomó Irizarry Pabón para sufragar, parcialmente, los gastos de su campaña electoral a la alcaldía de Ponce.
Por estos hechos, la Oficina del Contralor Electoral le impuso a Irizarry Pabón y a la tesorera de su comité de campaña, Damaris Suliveres (quien es también la directora de Finanzas del ayuntamiento), multas y penalidades ascendentes a $159,944.24 por presuntamente violar la Ley 22 para la fiscalización del financiamiento de campañas políticas.
