Casi una treintena de grupos comunitarios, iglesias y organizaciones sin fines de lucro le pidieron mediante carta a la Junta de Control Fiscal (JCF) que retire su demanda contra la Ley 10 de medición neta.
Esto, luego de que el Tribunal Federal denegara la solicitud de Sierra Club Puerto Rico y Solar United Neighbors para unirse al caso en defensa del estatuto.
“Nos encontramos ante un reto importante ya que, una vez más, el pueblo de Puerto Rico se ve perjudicado por decisiones que benefician a la Junta y a los bonistas. Sin embargo, aunque nuestras voces sean atacadas, nuestro espíritu sigue firme. Persistiremos en nuestra lucha hasta que se anule la demanda de la Junta o se mantenga intacta la Ley 10 de medición neta”, señaló el director del Programa de Puerto Rico de Solar United Neighbors, David Ortiz, mediante comunicado de prensa.
Las 28 organizaciones que enviaron la carta son: Solar United Neighbors, Sierra Club, CAMBIO, Centro Buen Pastor, Las Hermanas Misionera del Buen Pastor, Asociación Residentes Urbanización Venus Gardens, Asociación de Residentes La Margarita, Inc., Cooperativa de Energía La Margarita-Abeyno Coop, Energía Solar desde Zero, Congregación de las Hermanas Dominicas de la Santa Cruz, Delegada del Arzobispo en Asuntos de Pastoral Ecológica, El Puente Puerto Rico, Arrecifes Pro-Ciudad, EarthSpark, International, Solar Village Project, Amigos del Río Guaynabo, Coalición Anti-Incineración, Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar de PR Inc., Institute for Socio-Ecological Research (ISER Caribe), Barrio Eléctrico, Comunidad Solar Toro Negro Inc., Amanecer 2025, Iglesia Evangélica Luterana Sínodo del Caribe, CORALations , Solar Neighbors University Gardens, Footprint Project, Asociación de University Gardens y la Iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico.
“Es imperativo que la Junta retire su demanda contra la Ley 10-2024. Defender esta ley no solo significa proteger el acceso a la energía limpia, sino también garantizar un futuro sostenible para todas las personas en Puerto Rico, en un momento en que nuestra comunidad necesita un liderazgo que priorice el bienestar del pueblo sobre los intereses de unos pocos”, planteó la directora de Sierra Club Puerto Rico, Hernaliz Vázquez.
Por su parte, Lissette Avilés, delegada del Arzobispo en Asuntos de Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan, opinó que “defender la Ley 10 es deber de todo puertorriqueño, tenga o no tenga sistema fotovoltaico en la actualidad, porque para los que no lo tenemos, brinda una estabilidad”.
“Para los que cuentan con el sistema, el programa de medición neta es justo en lo que invirtieron y producen”, agregó Avilés.
Entretanto, la directora ejecutiva del Centro Buen Pastor en Guaynabo, Widalys Meléndez, expuso que “hacerle un cambio al programa de medición neta quitaría recursos económicos que destinamos para otros servicios de igual importancia como son los programas de Consejería y Acompañamiento Psicológico, Escuela de Familias, Matrimonios y Parejas”.
Las organizaciones le solicitaron a la JCF que cancele la demanda, ya que esto afectaría a más de 120,000 hogares que han hecho la transición a la energía limpia.
