Casi medio centenar de organizaciones de diferentes sectores entregaron este martes una carta a la jueza Laura Taylor Swain, con copia la Junta de Control Fiscal, reiterando la inviabilidad del aumento a la factura de luz que están exigiendo los bonitas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“Las tarifas más altas impuestas para pagar la deuda, sumado a un servicio pésimo, redundará en cierres de negocios, despidos y migración fuera de Puerto Rico, socavando el futuro de nuestra isla”, lee la carta.
“Aunque los bonistas han logrado un reclamo legal más fuerte por la decisión del Tribunal de Apelaciones, viven en otra realidad cuando piensan que es económicamente viable que este reclamo se pague. No es real insistir en aumentos a la luz durante las próximas décadas para pagar su reclamo porque, en este caso, el deudor (la AEE y, por extensión, el pueblo de Puerto Rico) sencillamente no tiene capacidad de pagar”, continúa la misiva.
Los miembros de las organizaciones recordaron que mañana 10 de julio la jueza Swain celebrará una vista judicial para escuchar las interpretaciones de las partes del fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston el mes pasado.
Precisaron que luego de la decisión del tribunal apelativo en Boston un grupo de bonistas de la AEE, liderados por GoldenTree Asset Management, están solicitando a la jueza que se reinicie el proceso judicial para que el pueblo de Puerto Rico les pague la totalidad de los $8.5 mil millones de la deuda en bonos de la AEE, en vez de los $2.5 mil millones propuestos en el Plan de Ajuste de la Deuda.
“Los reclamos de los bonistas no pueden ir por encima de las necesidades de nuestro pueblo. Nuestro sistema eléctrico está en una condición inaceptable, provocando apagones frecuentes, particularmente durante períodos de calor intenso, lo que pone en riesgo la salud mental y física, bienestar y vida humana”, puntualizó Lizette Gabriel Montalvo, obispa de la Iglesia Metodista.
“También hay que dar prioridad a resolver la situación del Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE, que no tiene dinero para seguir pagando las pensiones a partir de septiembre de este año. Los pensionados de la AEE merecen justicia”, añadió.
Las organizaciones enfatizaron que extraer miles de millones de dólares del sistema eléctrico para pagarle a los bonistas socavaría la capacidad de atender las necesidades urgentes del sistema eléctrico.
Por su parte, Marimar Pérez-Riera, presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios insistió en que el sistema eléctrico necesita mantenimiento y miles de millones de dólares de inversión, más allá de los fondos federales disponibles, para proveer un servicio adecuado.
“Desviar miles de millones de dólares para pagarle a los bonistas perpetúa un sistema eléctrico disfuncional. Particularmente para los miles de puertorriqueños viviendo en condominios, somos rehenes de un sistema eléctrico cada vez más costoso e ineficiente, dado que, por virtud de vivir en un condominio, no podemos movernos hacia la energía solar en techos”, destacó.
De igual forma, Linda Ayala, presidenta de la Asociación de Farmacias de Comunidad recalcó que “las tarifas más altas que los bonistas quieren imponer para pagar la deuda, sumado a un servicio pésimo, redundará en cierres de negocios, despidos y migración fuera de Puerto Rico, socavando el futuro de nuestra isla. Nuestro sector de salud depende en energía confiable para poder brindar servicios al pueblo”, enfatizó.
La carta urge a la jueza asegurar que este caso de quiebra realmente resulte en un comienzo nuevo para Puerto Rico y su sistema eléctrico.
Organizaciones que firmaron la carta
Las organizaciones firmantes son Asociación de Administradores de Condominios de Puerto Rico, Asociación de Colegios y Universidades Privadas de Puerto Rico, Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico, Asociación de Economistas de Puerto Rico, Asociación de Educación Privada de Puerto Rico, Asociación de Farmacias de Comunidad, Asociación de Funerarios de Puerto Rico y Asociación de Industriales de Puerto Rico.
Asimismo, se unieron al reclamo la Asociación de Industrias Creativas de Puerto Rico, Asociación de Jubilados de la AEE, Asociación de Profesores y Profesoras del RUM, Asociación de Titulares de Condominios, Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, Cámara de Industriales de Rótulos y Anuncios, CAMBIO, Central Puertorriqueño de Trabajadores y Centro Unido de Detallistas.
La carta también incluye la firma de la Coalición Nueva Visión de Salud, Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Colegio de Médicos Cirujanos, Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, Construyamos Otro Acuerdo, Coopharma, Diálogo por Puerto Rico, El Puente Puerto Rico, Empresarios por Puerto Rico, Espacios Abiertos, Federación de Asociaciones de Empleados Gerenciales del ELA, Federación de Comerciantes y Profesionales Dominicanos y Federación de Maestros de Puerto Rico.
También firmaron el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, Hna. Lissette A. Avilés-Ríos, op Hermanas Dominicas de la Sta. Cruz, Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE), Junte de Artistas Boricuas, Mesa de Diálogo Martin Luther King, Liga de Ciudades de Puerto Rico, Obispa Lizzette Gabriel Montalvo, Iglesia Metodista de Puerto Rico, Obispo Emérito, Felipe Lozada-Montañez, Iglesia Evangélica Luterana y Proyecto 85.
Por último, comparten el reclamo Puerto Rico Veteran Chamber of Commerce, Rvda. Hilda E. Robles Floran, Pastora General, Iglesia Discípulos de Cristo, Rvda. Zodet S. Zambrana Pérez, Presidenta Concilio del Sínodo Boriquén de la Iglesia Presbiteriana, Rev. Edward Rivera, Pastor General, Iglesia Evangélica Unida, Sierra Club, Sociedad Bíblica de Puerto Rico, Solar United Neighbors Puerto Rico, Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE) y VAMOS PR.
