Los médicos de Physician Correctional referidos a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, para ser investigados por su participación en el caso del convicto feminicida Hermes Ávila Vázquez, le solicitaron a esta entidad que les precise las imputaciones y agilice la pesquisa.
Se trata de los doctores Deborah Arús Rosado, Gladys Quiles Santiago, Cristóbal Antron Ávila, Jeffrey González Morales y Pedro Pérez Arrindell, cuya recomendación médica promovió la excarcelación de Ávila Vázquez, quien fingió paraplejia y cometió un feminicidio estando en la libre comunidad.
El referido fue anunciado el pasado 6 de diciembre por la secretaria de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón, quien se ha negado a cancelarle el contrato a Physician Correctional a pesar de que una auditoría concluyó que la empresa fue negligente en este caso.
El grupo de médicos le envió una carta ayer al presidente de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, Ramón Méndez Sexto, y a su directora ejecutiva, Dana Miró Medina.
“Los abajo firmantes solicitamos de esta honorable Junta que se nos notifique cuáles son las imputaciones contra nosotros y que se agilice cualquier investigación o procedimiento que se esté realizando, para tanto nosotros como nuestras familias poder recobrar la tranquilidad y continuar laborando en beneficio de nuestros pacientes dentro del Programa de Salud Correccional, sin ser sometidos a ataques mal intencionadas promovidas por intereses ajenos a la profesión médica”, lee la misiva.
Los médicos afirmaron que se les ha tomado como “collateral damage”.
“En medio de los intereses que subyacen detrás de la discusión pública de este caso nosotros hemos resultado ser un “collateral damage” y hasta se pretendió darle algún tipo de credibilidad a unas acusaciones alocadas que el convicto Ávila Vázquez hizo contra algunos de nosotros y otros médicos del Programa, las cuales fueron descartadas por el Departamento de Justicia”, señalaron los médicos.
Como parte de la investigación senatorial sobre este caso, salió a relucir que estos médicos no realizaron exámenes físicos nuevos ni otras pruebas disponibles para comprobar la paraplejia de Ávila Vázquez, sino que se limitaron a tratarlo usando su expediente médico como referencia.
“Si la suspensión solicitada por la secretaria Ana Escobar Pabón se materializa, se estaría cometiendo una gran injusticia contra nosotros que le hemos dedicado nuestra vida profesional al Programa de Salud Correccional y, por otro lado, se afectarían directamente los servicios a nuestros pacientes en las facilidades correccionales”, indicaron los médicos.
Agregaron, además, que “una vez esta honorable Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica haga sus determinaciones, las cuales confiamos serán favorables a nosotros, cesarán las difamaciones y ataques a nuestra reputación y honra”.
Escobar Pabón también anunció este mes el despido de ocho empleados de Corrección que participaron en la evaluación y tratamiento de este caso. Estos realizaron una protesta ayer frente a la agencia.
Ávila Vázquez asesinó a Ivette Joan Meléndez Vega el 21 de abril de este año en la carretera PR-686, cerca de la playa Los Tubos, en Manatí. Cuando fue arrestado por las autoridades, se le observó caminando sin dificultad y luego se comprobó que, en efecto, no tenía paraplejia.
