Organizaciones magisteriales rechazaron el viernes en vista pública el Proyecto del Senado 89 que tiene como fin brindar a los municipios la capacidad de crear y gestionar escuelas que atiendan las necesidades específicas de sus comunidades.
La medida propone establecer la “Ley de Apoyo a Sistemas Municipales de Educación”; disponer los mecanismos de apoyo económico y operacional para las escuelas municipales, así como los requisitos y obligaciones municipales para gozar de los mismos.
El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Bonilla Sánchez, presentó su ponencia ante la Comisión de Asuntos Municipales que preside el senador José Santiago Rivera. Bonilla sostuvo que la AMPR reconoce que existen áreas en las que los gobiernos municipales, como primeros respondedores, puedan atender las necesidades más básicas de los planteles escolares ubicados en su extensión territorial.
“No obstante, la creación de sistemas educativos municipales atenta contra los derechos adquiridos del magisterio puertorriqueño. Para la AMPR es necesario que cualquier iniciativa que disponga de los fondos asignados para la educación de nuestros estudiantes, sea dirigida al fortalecimiento de nuestro sistema educativo, garantizando siempre que el personal de las escuelas y particularmente la clase magisterial, mantenga los beneficios por los cuales ha luchado”.
Santiago preguntó a la AMPR si han tenido la oportunidad de evaluar el desempeño de las escuelas municipales existentes. Bonilla indicó que no han tenido la oportunidad de evaluarla. “Pueden tener unos resultados favorables en cuanto a algunas pruebas, pero como no están estandarizadas los resultados, no podemos compararlos con las escuelas públicas de nuestro país”, añadió.
Igualmente, Santiago expresó que el Departamento de Educación (DE) a petición de la Comisión en la pasada vista pública, entregó un informe donde detalla que la agencia tiene un sobrante de dinero que no utilizó el año pasado. “El Departamento de Educación, informa que tienen un sobrante del año anterior que no utilizó, un total de $51 millones. Es algo que llama la atención por el hecho de conocer nosotros y todo el país, las dificultades que tenemos en las escuelas, los problemas de falta de materiales, mantenimiento, etc., y que el propio Departamento reconozca que teniendo $51 millones, no le dio uso alguno durante el año, es mucho que decir”, sostuvo Santiago.
A preguntas de la senadora de mayoría Jamie Barlucea Rodríguez, sobre la postura de la AMPR en torno a la medida, Bonilla manifestó que “nosotros como institución siempre nos hemos opuesto tanto a las escuelas alianzas, a las escuelas charter y también a los sistemas municipales porque entendemos que el dinero que se destina del gobierno central para educación debe utilizarse para fortalecer el sistema público puertorriqueño de enseñanza”.
En su turno, el senador independiente Eliezer Molina Pérez, cuestionó si la AMPR entiende que al regionalizar el sistema de educación se puede rescatar la infraestructura y el mantenimiento de las escuelas. “Siempre hemos abogado que se les otorgue a los municipios un presupuesto para que puedan atender todas las escuelas que estén ubicadas en su territorio, porque yo entiendo que ellos tienen la capacidad y los empleados”, indicó Bonilla.
De igual forma, se presentaron ante la Comisión las organizaciones magisteriales EDUCAMOS; la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE) y la Federación de Maestros. Estas organizaciones presentaron su oposición a la medida.
“Este proyecto abre la puerta a crear un Departamento de Educación en cada municipio. La autonomía municipal puede generar mayor desigualdad en la preparación de los estudiantes, en la evaluación de su aprovechamiento académico y en el cumplimiento de los requisitos para ingresar en la universidad. En la competencia entre municipios sobreviven los que tienen mayor poder adquisitivo, mayor presupuesto”, mencionó Emilio Nieves en representación de Liza Fournier, presidenta de UNETE.
