El Fondo de Mejoras Municipales (FMM), administrado por la Autoridad de Tierras (AT) y usado por los legisladores como un “barrilito” para repartir dinero a individuos, es ilegal, concluyó una auditoría de la Oficina de la Contralora.
La investigación se realizó tras recibir dos querellas sobre la constitucionalidad de una enmienda al Código de Rentas Internas de 2011, que les otorgó autoridad a los legisladores para disponer del FMM.
El informe de la Contraloría estipula que el FMM no se utilizó de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, ya que los senadores y representantes, mediante cartas, determinan el uso específico de los fondos.
De la evaluación de 12 contratos otorgados por $2.1 millones en el 2021, se identificaron cinco cartas de solicitud de transferencias de fondos a seis entidades sin fines de lucro para usos específicos. Además, los senadores y representantes seleccionaban a los beneficiarios del fondo, los referían a las entidades sin fines de lucro para recibir la ayuda, y determinaban la construcción de obras y mejoras permanentes, así como la compra de enseres eléctricos, equipo médico o deportivo, entre otros.
“Esta situación viola la separación de poderes y afecta la fiscalización de fondos públicos. El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que es inconstitucional dejar a juicio de los legisladores la decisión de cómo utilizar fondos públicos asignados a una entidad de la Rama Ejecutiva. La facultad de poner en vigor las leyes es exclusiva de la Rama Ejecutiva”, estipuló la Contraloría en declaraciones escritas.
Otros hallazgos consisten en que se asignaron fondos a tres entidades sin que el legislador o la AT especificaran la obra a realizar, un representante asignó fondos a ciudadanos que no eran de su distrito, dos entidades pagaron la renta y remodelación de sus oficinas con fondos para otros servicios, y cinco entidades desembolsaron $1 millón antes de recibir los fondos de la Autoridad o después de la fecha de vigencia de los contratos.
Los auditores también detectaron que un familiar de una empleada del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes (PIR) recibió un cheque por $5,700 para adquirir gabinetes de cocina y otro de $6,000 para construir un muro. El muro nunca se construyó y el beneficiario vivía en el distrito de Carolina, contrario a lo establecido en el contrato que indicaba que los fondos eran para obras en el distrito de Humacao.
Además, la madre de la mencionada empleada del PIR recibió $3,700 para la compra de puertas y ventana para su residencia en Cupey, que nunca instaló a pesar de que el cheque fue cambiado con su firma y número de identificación. El PIR es la oficina de la AT responsable del control y distribución del Fondo a las entidades sin fines de lucro.
“Por estas situaciones se pudo haber configurado delitos tipificados en el Código Penal”, indicó la Contraloría.
La investigación arrojó, asimismo, que no existe un registro de los fondos devueltos por las entidades sin fines de lucro. La AT no incluyó en el Informe de Fondos y/o Valores la información de 37 cheques devueltos de nueve entidades sin fines de lucro por valor de $223,473. De esta manera, los auditores no pudieron obtener la fecha del recibo de los cheques ni saber si fueron depositados.
La Contraloría recomendó legislar para “eliminar la potestad que tienen los legisladores para determinar cómo utilizar los fondos públicos asignados a una entidad del ejecutivo”.
También refirió los hallazgos al Departamento de Justicia, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, la Oficina de Ética Gubernamental y la Junta de Control Fiscal.
El FMM se nutre del 20 por ciento del 5 por ciento recaudado por el Impuesto sobre las Ventas y el Uso. Este fondo se distribuye en partes iguales entre los ocho distritos senatoriales y 40 distritos representativos y se utiliza para atender mejoras permanentes y servicios directos esenciales de la ciudadanía.
Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2022, la Autoridad formalizó 722 contratos por $23 millones para otorgar fondos a los municipios, entidades gubernamentales y entidades sin fines de lucro.
