Una auditoría clínica realizada por la empresa Uticorp concluyó que la revisión que hizo el panel médico de Physician Correctional sobre el confinado Hermes Ávila Vázquez, quien cometió un feminicidio estando en libertad bajo la Ley 25 de 1992, fue deficiente y que este no tenía paraplejia.
Physician Correctional es la compañía contratada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para proveerle tratamiento médico a la población penal y fue su diagnóstico el que utilizó la agencia para justificar la excarcelación de Ávila Vázquez.
Uticorp, por su parte, es una empresa que el DCR había contratado, antes de que trascendiera el caso de Ávila Vázquez, para auditar a Physician Correctional. Sus directivos presentaron una ponencia hoy ante la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado de Puerto Rico.
“Es nuestra opinión profesional desde el punto de vista médico y legal que el proceso de revisión realizado por el panel médico fue deficiente, incompleto y mal ejecutado”, fue la conclusión de Uticorp en su ponencia.
Ávila Vázquez confesó haber matado a Ivette Joan Meléndez Vélez, el 21 de abril de 2024, aproximadamente un año después de haber sido excarcelado bajo la Ley 25. Durante su arresto y en las comparecencias judiciales posteriores, el convicto caminaba con normalidad, lo que provocó su investigación inmediata porque había sido excarcelado por estar supuestamente parapléjico.
Uticorp explicó que el expediente médico del reo está lleno de discrepancias, omisiones e inconsistencias que deberían haber alertado al panel sobre la necesidad de profundizar en las condiciones médicas presentadas por Ávila Vázquez para asegurarse de que pasaran bajo la Ley 25 y el Reglamento 7818.
La auditoría revela que “no hay evidencia en las historias clínicas examinadas de que este paciente padeciera VIH/SIDA, o de cualquier otra enfermedad terminal que hiciera su muerte inminente e inevitable después de su liberación, según lo dispuesto en la Ley 25 de 1992”.
Por el contrario, la empresa indicó que el expediente refleja un individuo estable, autosuficiente y capaz, afectado solo por algunas enfermedades menores y su supuesta paraplejia.
Asimismo, Uticorp encontró que “no hay evidencia sustancial en los registros médicos examinados de que este paciente tuviera un diagnóstico confirmado de paraplejia en ausencia de exámenes confirmatorios generalmente reconocidos por un neurólogo o un fisiatra”.
Un tercer hallazgo confirma un patrón abundante y repetido de rechazo de atención médica por parte de Ávila Vázquez, lo que debería haber desencadenado una intervención del médico correccional para determinar las razones.
Por último, Uticorp halló que “el contenido de las historias clínicas del exconfinado refleja desorden, inconsistencia, falta de seguimiento y verdades contradictorias entre los miembros del equipo médico correccional, que estuvo ligada durante la mayor parte de su historia clínica a una lesión cervical relacionada con el trabajo y, al final de su encarcelamiento, se caracterizó por una herida de bala en la parte baja de la espalda”.
Según el representante legal y operativo de Uticorp, Jorge Galva Rodríguez, luego de la evaluación del contrato existente entre el DCR y Physicians, existen cláusulas en donde “hubo incumplimiento” por parte de la compañía contratada por el DCR. En este mismo sentido, Galva Rodríguez recomendó al DCR a poner bajo un plan de acción correctiva al contratista Physicians, situación que no fue acogida por el Departamento.
“La aparente falta de acción del DCR ante los señalamientos, hallazgos y recomendaciones de Uticorp debe ser motivo de atención prioritaria debido a los efectos negativos que esto puede tener sobre la salud y bienestar de la población carcelaria”, insistió.
