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Ana Escobar Pabón, secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación.
Foto suministrada | Senado de Puerto Rico

Ana Escobar Pabón, secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Foto suministrada | Senado de Puerto Rico

Destituyen a 8 empleados del DCR involucrados en caso de Hermes Ávila

La Redacciónby La Redacción
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6 de diciembre de 2024

Ocho empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) involucrados en el caso del feminicida Hermes Ávila Vázquez fueron despedidos, anunció hoy la secretaria Ana Escobar Pabón.

Además, la funcionaria dijo que le solicitó a Physician Correctional suspender a los cinco médicos que evaluaron a Ávila Vázquez, hasta que la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico finalice su investigación.

“Luego de revisar detenidamente la investigación realizada por la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional y las resoluciones de la Oficial Examinadora, hemos determinado destituir a los ocho empleados por negligencia en el cumplimiento del deber, según dispone el Manual para la Aplicación de Medidas Correctivas y Disciplinarias a los empleados del DCR”, señaló Escobar Pabón en declaraciones escritas.

El proceso administrativo comenzó el 5 de septiembre de 2024 y concluyó el 27 del mismo mes. Tras la evaluación por la Oficial Examinadora, la Oficina de Disciplina de Empleados del DCR y la Oficina de Asuntos Legales remitieron los expedientes a la autoridad nominadora para la determinación final, que culminó en la destitución de los empleados.

Los empleados tienen derecho a apelar la decisión ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.

Aunque la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional también concluyó que Physician Correctional fue negligente en el manejo de este caso y recomendó reevaluar la continuidad del contrato, la secretaria Escobar Pabón se ha rehusado a cancelarlo.

Ávila Vázquez cumplía una sentencia de 122 años de prisión por asesinato, secuestro, agresión sexual y violación a la Ley de Armas desde el 14 de febrero del 2005.

El año pasado, fue excarcelado al amparo de la Ley 25 de 1992 por ser presuntamente parapléjico. Esto, a pesar de que ese estatuto se supone que aplicara únicamente a personas con enfermedades terminales.

Un año después de su excarcelación, asesinó a Ivette Joan Meléndez Vega en Manatí. Durante su arresto y posterior acusación, se descubrió que el hombre no era parapléjico y caminaba sin dificultad.

Una investigación senatorial, liderada por el senador independiente José Vargas Vidot, reveló una serie de irregularidades cometidas por el DCR y Physician Correctional en este caso.

El Departamento de Justicia no encontró causa para el procesamiento penal de los médicos ni los empleados del DCR, según informó en octubre pasado el secretario Domingo Emanuelli.

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