El proyecto de ley que pretende imponer nuevos requisitos a menores de 15 años que piden terminar un embarazo en clínicas de aborto de Puerto Rico empuja a víctimas de violencia sexual intrafamiliar a una maternidad no deseada, denunció este lunes Noeli M. Pérez de la Torre, presidenta de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas.
Según datos provistos por la directora ejecutiva de Profamilia, Enid Pérez Rodríguez, en la vista cameral de la Comisión de lo Jurídico efectuada ayer, de los 1,209 casos de violencia sexual registrados el pasado año por el Negociado de la Policía de Puerto Rico, la mayoría fueron perpetrados por personas cercanas, padres y familiares.
Aun así, el Proyecto del Senado 297 propone que se exija a las menores que acudan a clínicas de aborto la autorización de al menos uno de los padres para dar paso a la terminación del embarazo. La medida es de la autoría de la senadora Joanne Rodríguez Veve.
Según recalcó Pérez de la Torre, esta pieza legislativa tendría el efecto de “imponerles a las jóvenes una maternidad no deseada que, incluso, pudiera ser el resultado de abuso sexual por parte de familiares, padres, padrastros, familiares cercanos o extraños”.
Asimismo, recordó que en los casos de abuso sexual intrafamiliar frecuentemente resalta el poder de los ofensores sobre otras personas del núcleo familiar, igualmente sujetas a amenazas, lo que reduce dramáticamente las posibilidades de que den su consentimiento para la terminación de un embarazo no deseado.
Esto, a juicio de Cristina Parés Alicea, directora ejecutiva de Proyecto Matria, “crea espacios de incertidumbre que pueden revictimizar a las menores que acudan a las clínicas de aborto”.
“Nos oponemos al proyecto, porque entre varios asuntos, no les permite a las jóvenes de menos de 15 años el derecho a decidir sobre sus cuerpos, violentando su autonomía y por ser contrario al estado de derecho vigente en el caso Pueblo v. Duarte”, agregó la directora ejecutiva de Profamilia.
Al abundar, precisó que en dicho pleito el Tribunal Supremo dictaminó que una menor de edad puede dar su consentimiento informado para una terminación de embarazo sin la presencia de uno de sus progenitores.
“Entendemos que el proyecto lo que busca es limitar el derecho al aborto que es un derecho que constitucionalmente protegido en Puerto Rico y no hay planteamientos que atiendan a las sobrevivientes de violencia sexual”, agregó la abogada Pérez de la Torre.
La jurista además calificó el proyecto de ley como “innecesario y académico”, ya que el Departamento de Salud aprobó enmiendas al “Reglamento de las Clínicas de Terminación de Embarazos”, que son cónsonas con la política pública que busca la medida.
“Es decir que el Departamento de Salud ya actuó sobre este asunto, lo que lo hace totalmente redundante. Nos parece un ejercicio fútil por parte de la Asamblea Legislativa, y una pérdida de su tiempo y recursos”, puntualizó Pérez de la Torre.
Durante la audiencia pública participaron tanto la vicepresidenta de la Cámara, Yashira Lebrón Rodríguez, como los representantes Lisie Burgos Muñiz, Félix Pacheco Burgos y Denis Márquez Lebrón. También Gabriel Rodríguez Aguiló y el presidente de la comisión, el representante José “Che” Pérez Cordero.
La alegación que presentan es generalizada. Debe darse margen a que se investigue por qué esa menor quedó embarazada, muchas de estas menores no necesariamente han sido violadas, sino que son libertinas. Este artículo pretende desviar la atención y mal informar. Al ser menores de edad, los padres tienen la obligación indeleble de cuidar proporcionando ropa, casa, comida, y educación. O sea, que deben de ser partícipes de la decisión de la menor para querer abortar.
Es obvio que a estas abogadas no se les ha ocurrido que una de estas menores tome la decisión de abortar, (independientemente de la razón por la cual hayan quedado embarazadas) y que eventualmente en el futuro tengan que vivir con un cargo de conciencia por su funesta desicion .