El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicó ayer en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una petición de mandamus para que se ordene a Manuel Cidre Miranda, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), entregar la base de datos que dio pie al más reciente informe presentado por el Gobierno sobre el impacto de incentivos económicos bajo la Ley 60 de 2019, que incluye la antigua Ley 22 de 2012 para Incentivar el Traslado de Inversionistas a Puerto Rico.
El CPI también solicitó la lista de entidades sin fines de lucro que recibieron donativos de inversionistas beneficiados por este incentivo contributivo.
La petición de mandamus surge luego de más de cuatro meses de la solicitud del periodista Luis Valentín para que se entregue la base de datos que dio pie al estudio Rendimiento de los incentivos económicos: evaluación de datos y análisis del retorno de la inversión (ROI).
Cuando se presentó este informe, el secretario de la agencia dijo: “Este estudio refleja los resultados del retorno de inversión de los incentivos. Aunque la agencia había realizado otros estudios, nunca había recopilado y creado una base de datos tan robusta como la de este análisis en el que se utilizaron declaraciones de impuestos estatales y municipales, informes de planillas de empleo, informes anuales y datos de los beneficiarios de los programas. Este tipo de esfuerzo se convierte en un instrumento esencial para la toma de decisiones de política pública y para el monitoreo y la fiscalización de los incentivos”.
A juicio del CPI, es de ahí que surge la importancia de conocer los datos que se usaron para elaborar el mismo.
Por otra parte, transcurridos más de cinco meses desde la otra solicitud de información, “el DDEC sólo ha entregado la información responsiva a dos de los cinco años solicitados para los donativos a organizaciones sin fines de lucro”, indicó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
Esta solicitud a la agencia estaba basada en que la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, conocida como la Ley 22 de 2012, que luego fue incorporada al Código de Incentivos o Ley 60 de 2019, impone requisitos y responsabilidades a los inversionistas que se acogen a sus beneficios contributivos.
El CPI pidió al Tribunal de Primera Instancia que “ordene a la agencia cumplir inmediatamente su deber ministerial de entregar, libre de costo, la información requerida por el periodista”.
El Centro es representado en este caso por la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y sus abogados Luis José Torres Asencio, Judith Berkan, y Steven P. Lausell Recurt, con la asistencia de la estudiante de Derecho, Gabriela Rolón Ojeda.
