Un informe de auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) reveló pagos por $12 millones de los fondos Pandemic Unemployment Assistance (PUA) a beneficiarios con números de seguro social de personas fallecidas.
Por tal motivo, la OCPR emitió una opinión adversa sobre las operaciones del Negociado de Seguridad de Empleo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con el proceso de aprobación de beneficios y pagos del PUA, las operaciones de los Oficiales Pagadores Especiales (OPE), así como la eliminación de los puntos controvertibles, entre otros, no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable.
El informe revela que se desembolsaron $12,731,035 de fondos PUA y del Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC) a 1,039 beneficiarios con números de seguro social de personas fallecidas.
Del examen realizado sobre el proceso de evaluación y aprobación de las solicitudes, el Departamento del Trabajo tampoco validó la identidad de los beneficiarios, los ingresos dejados de devengar, la información provista sobre trabajos por cuenta propia, ni la identidad de las personas que trabajaron los casos.
La OCPR indicó que estas situaciones dan lugar a esquemas de fraude y a emitir pagos a quien no cumpla los requisitos.
Por otro lado, el contralor no pudo determinar si personas convictas recibieron beneficios del PUA para los que no cualificaban. El Departamento de Corrección y Rehabilitación certificó que no cuenta con un sistema computadorizado para el control de la población correccional, y que el proceso de ingreso y egreso de los confinados se lleva de forma manual.
Al respecto, no se comentan hallazgos por las limitaciones de alcance sobre este objetivo de la auditoría.
