Un informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) revela que el municipio de Guánica no realizó gestiones de cobro efectivas de las patentes municipales ni realizó el cálculo correcto de los importes pagados y adeudados por el contribuyente entre los años 2020 y 2023.
Del examen realizado a 15 expedientes de contribuyentes en ese periodo, se determinó que se dejaron de cobrar $22,800 por concepto de patentes, intereses y recargos. El 60 por ciento de los expedientes no tenía la documentación requerida como la declaración de volumen de negocio, evidencia de los ingresos brutos y los gastos de operaciones. Además, en contravención del Reglamento Municipal de 2016, el municipio no contaba con un Registro de Patentes.
La auditoría de nueve hallazgos señala que, al 31 de diciembre de 2022, el municipio adeudaba, $914,860 a LUMA Energy y al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Esta cifra incluye $192,531 en intereses, penalidades y recargos, por los atrasos en los pagos al Departamento del Trabajo.
Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-21-44 del 2021. En la actualidad, el municipio cuenta con planes de pagos con los Departamentos de Hacienda, Trabajo, y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Estas deudas son anteriores al huracán María, los terremotos y la pandemia.
Deficiencias en la contabilidad de la propiedad
El informe detalla múltiples deficiencias con la custodia, control y contabilidad de la propiedad municipal. La encargada de la propiedad no reclamó a tiempo a la aseguradora, el hurto de una Ford Explorer del 2004, por lo cual el municipio no recuperó su valor. Este auto apareció quemado en el área de Ponce.
Además, por el robo de 22 trimmers, tres blowers, una sierra y 20 cabezales de trimmers, el municipio recibió $15,115 de la aseguradora. Sin embargo, el municipio, no realizó ninguna investigación administrativa sobre el hurto de propiedades ni informó a la OCPR, como dispone la reglamentación.
Los auditores identificaron también, que en Guánica no se prepararon los inventarios físicos de la propiedad del 2020 al 2021, ni se emitieron los recibos de propiedad a los custodios. Además, al cese de 57 funcionarios y empleados, del 2016 al 2022, la dirección de Recursos Humanos no se lo notificó a la encargada de la propiedad, para verificar sus posibles deudas de propiedad.
El informe evidencia que el Municipio no mantuvo información actualizada, completa y confiable sobre la situación financiera. Los auditores hallaron conciliaciones sin la firma de la directora de Finanzas, ausencia de conciliación del balance del banco con los registros de contabilidad y atrasos de hasta tres años en preparar las conciliaciones de las cuentas Corriente y de Nómina.
Además, en Finanzas se autorizaron desembolsos sin la factura del proveedor, sin la certificación del funcionario que recibió los bienes y sin la certificación del proveedor sobre la ausencia de interés de los empleados en las ganancias del bien adquirido.
Al 26 de enero de 2023, el Municipio no había remitido a la Oficina del Contralor, 40 informes mensuales de nóminas y puestos según dispone la ley y la reglamentación vigente. La Oficina del Contralor le concedió al municipio radicar los informes mensuales desde julio de 2022 en adelante para que se pusieran al día; sin embargo, el municipio no cumplió con remitir los informes de julio a diciembre de 2022.
Falta de mantenimiento
Los auditores encontraron que las áreas designadas para proteger y conservar los documentos públicos, el Museo Pedro Juan Vargas y la Escuela Elemental Ceferino Colón, tenían paredes con comején, sin acondicionador de aire ni control de temperatura, sin alarmas contra incendios ni detectores de humo.
En la inspección se observaron cajas con humedad, sin organización alguna y ausencia de protección adecuada. Además, desde febrero de 2021, la administradora de documentos no realizaba las funciones del puesto, ni había preparado el Plan de Retención de Documentos del 2020 al 2022.
El municipio no mantuvo un control adecuado de los servicios de reparación y mantenimiento de los vehículos, ya que no contaba con un registro del historial de cada vehículo o equipo pesado. El director de Obras Públicas indicó que al asumir el cargo, no le fue entregado ningún registro.
El informe de Guánica comenta que el Departamento de la Vivienda emitió un informe de monitoreo al programa Community Development Block Grant – Disaster Recovery, el 24 de septiembre de 2021. Este informe reveló que, el municipio entregó los estados financieros del 2019 y 2020, con atrasos de hasta 18 meses. Este tipo de situación expone el Municipio a ser sancionado y pone en riesgo los $4,394,541 de los fondos federales recibidos.
Para atender la crisis fiscal, el municipio de Guánica implementó en el 2017, un plan de austeridad que, entre otras, redujo la jornada laboral a 20 horas semanales a los empleados regulares y a 30 horas semanales a los de confianza, y disminuyó los gastos en contratos y en adquisición de equipos.
Al 31 de diciembre de 2022, el municipio no había recobrado los $285,957 indicados en los hallazgos de los informes de auditoría de la Oficina del Contralor M-21-44 de 2021 y M-22-22 de 2022.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el municipio de Guánica cumpla con el Plan de Acción Correctiva de la OCPR.
Este primer informe de Guánica cubre el periodo del 1 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2022, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
