La Administración de Familias y Niños (ADFAN) del Departamento de la Familia pagó $1,261,529 de forma indebida a 231 hogares sustitutos por 381 adultos fallecidos, concluyó una auditoría de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR).
Los pagos se hicieron entre el 23 de abril de 2018 y el 26 de febrero de 2022, indicó la agencia.
Por estos hallazgos, la OCPR emitió una opinión cualificada de las operaciones de los sistemas de información computadorizados de ADFAN. Esto se hace cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
Debido a que se podrían configurar delitos contemplados en el Código Penal como apropiación ilegal agravada, fraude, falsedad ideológica, negligencia en el cumplimiento del deber y malversación de fondos públicos, la OCPR recomendó al Departamento de Justicia que evalúe la información.
Igualmente, refirió los datos a la Oficina de Ética Gubernamental, a la Administración del Seguro Social Federal y al Departamento de la Familia.
De acuerdo con la auditoría, el 63 por ciento de estos pagos se realizaron al 13 por ciento de los hogares sustitutos, y el 37 por ciento de los pagos al 87 por ciento de los hogares sustitutos.
La auditoría de dos hallazgos señala que uno de los 381 fallecidos, se registró como participante en otro hogar luego de su muerte. La ADFAN no detuvo la subvención y realizó 27 pagos por $18,435 a los dos hogares.
Los auditores detectaron múltiples errores en la información registrada de 33 fallecidos en el Sistema Mecanizado de Pagos a Hogares y Acreedores (SiMPHA). Por ejemplo, la documentación de autorización de pago de 18 participantes fallecidos no tenía la nota de que se descontinuara el servicio; en las notas de progreso de nueve participantes fallecidos no tenían evidencia de haber sido visitados; y la última gestión registrada por los trabajadores sociales con 18 de los participantes fallecidos había sucedido entre 19 y 523 días antes del deceso.
La ADFAN atribuyó estas situaciones a que los operadores de hogares no notificaron y en ocasiones ocultaron información a la agencia sobre el fallecimiento de los participantes. Además, dijo que la ausencia de visitas se debió a la pandemia de Covid-19 y a los huracanes Irma y María, a que la supervisora de la División de Finanzas no contaba con acceso directo al sistema, y la ADFAN dijo no contar con los recursos humanos suficientes.
Por otro lado, la auditoría detectó que la ADFAN no tenía normas y procedimientos escritos y aprobados para controlar el acceso a los usuarios del Sistema Integrado de Manejo de Casos (SIMCa). El examen realizado reveló que no se habían inactivado 40 cuentas de 16 usuarios que no trabajaban para la compañía contratada para el manejo de casos, y no habían inactivado ocho cuentas de cinco usuarios que por años no se habían utilizado.
Esta situación le impide a la ADFAN mantener un control efectivo y eficaz sobre las cuentas de acceso y los privilegios asignados. Además, propicia el acceso no autorizado y que se cometan errores o irregularidades.
El Informe le recomienda a la administradora de ADFAN que establezca un acuerdo con el Departamento de Salud y el Registro Demográfico para tener acceso al Registro de Defunciones. Además, debe realizar gestiones de cobro a los proveedores de servicios y realizar gestiones con la compañía externa, responsable del SiMPHA para que corrija y determine la razón por la cual el sistema continuó emitiendo pagos a seis proveedores con fecha de descontinuación de servicios.
