La presidenta y la tesorera de la empresa de salud VIP Healthcare de Puerto Rico fueron acusadas por cargos federales de fraude bancario, bancarrota fraudulenta y lavado de dinero, en un caso relacionado con el escándalo de corrupción ocurrido en el municipio de Cataño.
Según informó este jueves la Fiscalía Federal, Ivelisse Rivera Padilla, presidenta de VIP Healthcare -una empresa de administración y manejo de servicios de salud-, y Carla Carrillo Torres también están acusadas por fraude un programa federal de préstamos a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia.
Rivera Padilla es acusada de participar de un esquema de bancarrota fraudulenta por falsa representación desde el mes de marzo de 2017 a mayo de 2022, con el objetivo de cometer fraude durante ese presunto proceso de quiebra, según el comunicado de la Fiscalía.
El pliego acusatorio alega que durante ese presunto proceso de quiebra, la empresaria ocultó propiedad y dinero y falló en revelar al síndico encargado de la deuda del lugar y los acreedores sobre los bienes de la empresa que presidía.
Para el 23 de junio de 2017, Rivera incorporó VIP Healthcare, y una semana más tarde firmó un contrato con el municipio de Cataño para manejar y administrar el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Job Andújar.
Dicho contrato le valió a la empresa $1.13 millones y una cuota mensual de $189,000.
Este contrato se sumó a otros entre los años 2017 y 2022 que formalizaron el municipio de Cataño y la empresa que sumaron $9 millones.
Cataño está envuelto en una trama de corrupción que ya ha supuesto condenas para varios empresarios e implicado al entonces alcalde Félix «Cano» Delgado, que está acusado de recibir sobornos a cambio de adjudicar contratos municipales.
Rivera Padilla tenía acceso, controlaba y usó más de un millón de dólares de la cuenta bancaria de la empresa para uso personal, y del cual se benefició sin revelar dicho capital durante el presunto proceso de quiebra.
El pliego agrega que posteriormente Rivera Padilla adquirió un apartamento en el municipio de Cabo Rojo por $270,000 y un solar de 2,159 metros cuadrados en Luquillo por $275,000.
Por todo ello, Rivera Padilla y Carrillo Torres enfrentan 28 cargos por lavado de dinero por realiza transacciones individuales bancarias usando fondos que ocultaban en los procesos de quiebra.
Además, Carrillo Torres es acusada por mentir para obtener un préstamo de $249,755 del federal Programa de Protección de Nóminas (PPP, en inglés).
Si esta es encontrada culpable, podría enfrentar una pena máxima de 30 años y una multa de $1 millón por fraude bancario.
Ambas acusadas también podrían cumplir diez años adicionales en prisión si son encontradas culpables por cada cargo por lavado de dinero.
Rivera Padilla, a su vez, afronta cinco años en prisión si es encontrada culpable por cada cargo de quiebra fraudulenta.
