La American Civil Liberties Union de Puerto Rico (ACLU-PR) anunció la radicación del Proyecto de la Cámara 331, que establece un marco de protección más robusto para las comunidades inmigrantes en la isla.
El proyecto, que presentado en conjunto con otros 13 representantes, surge en respuesta a la serie de redadas llevadas a cabo por autoridades federales de inmigración en sectores con alta concentración de inmigrantes, que han provocado temores de discriminación y vulneraciones de derechos.
“Queremos un Puerto Rico donde la dignidad de cada persona sea respetada y donde nadie tema acudir a servicios médicos o educativos por miedo a ser detenido o interrogado injustamente”, explicó Annette Martínez Orabona, directora de la ACLU-PR.
La legislación articula una política pública de no discriminación por estatus migratorio u origen étnico, refuerza la confidencialidad de la información personal y exige la creación de protocolos claros ante posibles intervenciones de inmigración en lugares sensibles como escuelas, hospitales y centros comunitarios.
“Con este proyecto, buscamos que las autoridades locales cumplan con su deber de proteger a todos los residentes de Puerto Rico y que las intervenciones de las agencias federales de inmigración se den únicamente en el marco estricto de la ley y con la debida orden judicial. Merecemos un país en el que todos podamos confiar en las instituciones y tener acceso a los servicios esenciales”, enfatizó la directora de política pública de la ACLU-PR, Lolimar Escudero Rodríguez.
