Tras una reunión a puerta cerrada del caucus novoprogresista con el presidente de AES Puerto Rico, 18 legisladores de mayoría en el Senado votaron este lunes a favor de que se enmiende la ley para que la carbonera en Guayama opere durante al menos cinco años más y se extienda por el mismo periodo las ganancias de su actividad en la isla.
El encuentro, hasta entonces incógnito, entre el ejecutivo Jesús Bolinaga Serfaty y los senadores novoprogresistas fue revelado por la legisladora Roxanna Soto Aguilú durante el turno de argumentación para debatir el Proyecto de la Cámara 267 y confirmado minutos más tarde por el senador Ángel Toledo López.
Para la cita, sin embargo, no fueron invitados miembros de otras delegaciones en el cuerpo. El Senado tampoco anunció el encuentro a la prensa o divulgó pormenores de los asuntos que el presidente de AES atendió con los novoprogresistas.
“Esto es escandaloso y ofensivo”, reaccionó la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, tras la votación 18 a 9 que favoreció la permanencia de la carbonera.
“Es escandaloso, porque ellos estaban jactándose de que se habían reunido privadamente en caucus, por puro criterio partidista, con el principal beneficiado de esa legislación. Esto es convertir el vicio en una virtud”, puntualizó la legisladora del Partido Independentista Puertorriqueño,
“Y es ofensivo para las comunidades, porque fueron ellos mismos quienes les negaron vistas públicas al pueblo”, continuó. “Dan vergüenza”.
Mediante peticiones escritas, vecinos de la central eléctrica en Guayama, agrupaciones con facultad pericial y organizaciones ecologistas reclamaron la semana pasada que miembros del Senado efectuaran vistas públicas sobre el Proyecto 267 aprobado en la Cámara de Representantes el pasado 27 de febrero y que, entre algunos cambios, prolonga la vida a la carbonera, cuyo contrato de 25 años con la Autoridad de Energía Eléctrica vence en noviembre de 2027.
“Y a una de las personas que se entregó la carta fue a la senadora que se hace llamar la abogada motorizada (Soto Aguilú), quien nos había dicho que estaba en contra del proyecto”, dijo a La Perla del Sur la presidenta del colectivo Sierra Club Puerto Rico, Hernaliz Vázquez Torres.
“Pero hoy (lunes) nos enteramos que el proyecto pasó, sin vistas públicas, después de un caucus en el que le abrieron las puertas a quienes representan a la corporación AES, pero se las cerraron a las comunidades”, criticó.
“Es una vergüenza lo que hoy está pasando. Y el mensaje que dejan es claro: que este gobierno seguirá siendo uno de muerte y de mentiras, porque aprobó un proyecto con información que no es correcta”, abundó.
Dicha información incluyó alegaciones de que la empresa AES está en “cumplimiento total con el Environmental Protection Agency… porque si hubiese habido un incumplimiento, hubiese habido una sanción. Y no la ha habido”.
Esta expresión, hecha en tono airado por el senador Toledo López, es desmentida en el aviso que la propia Agencia de Protección Ambiental (EPA) publicó en inglés y español el 19 de agosto de 2024, cuando notificó que AES Puerto Rico “pagará una multa de $3.1 millones” por violar la Ley Federal de Aire Limpio y potencialmente poner en riesgo la salud de las comunidades vecinas.
También es contraria a las medidas que la EPA ha ordenado a la carbonera implementar tras confirmarse que su depósito de cenizas en el barrio Jobos ha envenenado con litio, selenio, molibdeno y arsénico el subsuelo y acuífero del área. Estas medidas han incluido la construcción, a un costo multimillonario, de una barrera sintética que frene esa contaminación.
Toledo López también ignoró otra multa federal impuesta en el 2012 contra la empresa por descargas de escorrentías ilegales a uno de los humedales contiguos a su solar industrial. La misma ascendió a $170 mil.
Cambio con consecuencias
El proyecto de ley que propone extender la vida de la carbonera en Guayama fue presentado a la legislatura el pasado 22 de enero por la gobernadora Jenniffer González Colón, quien procederá a firmarlo en cualquier momento.
Sus implicaciones, empero, aún no han sido del todo calibradas.
A simple vista, confirma que AES Puerto Rico tiene luz verde para seguir operando, pero se desconoce a qué costo, ya que los ejecutivos de la empresa deberán acordar con la gerencia de la AEE términos económicos no establecidos en el contrato original del 11 de octubre de 1994.
Desde marzo de 2024, AES Puerto Rico también goza de mayores beneficios económicos, mientras produce menos electricidad para el país, tras consumarse un rescate financiero gubernamental, avalado por la administración del exgobernador Pedro Pierluisi y los comisionados del Negociado de Energía de Puerto Rico.
No obstante, los cambios incluidos en esta legislación tendrán otras consecuencias, a juicio del abogado especializado en Derecho Ambiental, Pedro Saadé Lloréns.
“Esto no solo extiende el término para la quema de carbón. Peor aún, so color de sustituir el carbón mediante otras formas de generación, la medida inserta el concepto de fast track para que construcciones de plantas de gas u otras fuentes de combustible fósil se tramiten de forma rápida”.
“Así que lo malo se hace peor aún, ya que no solo desplazan la energía renovable como proyecto de país, sino que privilegian la generación con combustible fósil y, de paso, con el fast track menoscaban los análisis ambientales, de salud y económicos que se puedan hacer”, abundó. “También reducen la participación pública”.
“Así que es un día triste, muy triste, en el cual los puertorriqueños pagarán las consecuencias, por décadas”, sentenció.
