La hora cero para 12,500 personas jubiladas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha llegado.
Tras una década de litigios por la quiebra de la corporación pública y una descapitalización acelerada del Fondo de Pensiones, este viernes, 21 de marzo, saldrá “el último pago disponible en caja” para exempleados retirados.
“Y tanto para el mes de abril como los meses sucesivos no se ha identificado dinero, que nosotros conozcamos, para el pago de nuestras pensiones”, advirtió Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad y portavoz de la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de esa entidad.
Las consecuencias, puntualizó, serán particularmente demoledoras para pensionadas y pensionados mayores de 80 años, que dependen de estos ingresos para pagar su cuido y tratamientos médicos.
“Tenemos un jubilado de 107 años de edad”, describió Rodríguez Ortiz. “Y trimestralmente publicamos en nuestra revista los nombres de los compañeros que cumplen 90 años o más. Solo ellos llenan dos páginas de cada edición”.
“Por tanto, el peor escenario es el que tendrían ellos, ya que a esa edad muy pocos pueden valerse por sí mismos. Y, si se quedaran sin ese ingreso, pues, sencillamente, lo echarían a la calle”.
Esta amenaza, puntualizó, contrasta con el rescate financiero que la AEE, el Negociado de Energía y el Gobierno de Puerto Rico concedieron a la empresa privada AES y que el pasado año significó casi $100 millones adicionales a los $300 millones anuales que la carbonera ha facturado desde el 2002, cuando inició operaciones.
Asimismo, es discorde con el “derroche de millones de dólares” para la privatización de la AEE, a juicio del Coordinador ProSol UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo.
“Y no lo digo yo. Lo puso por escrito en junio del año pasado Josúe Colón, en una carta a la Junta de Control Fiscal”, continuó.
En la misma, el exdirector ejecutivo de la AEE y actual Zar de Energía, imputa a LUMA Energy haber incurrido en gastos “exorbitantes” e “injustificados” que exceden los $200 millones, para traer a la isla empleados de las filiales ATCO y Quanta Services, y destinar el 20 por ciento de ese presupuesto para boletos de avión, estadías en hoteles y alquileres de autos para dichos empleados y sus cónyuges.
La privación de pagos a los pensionados de la AEE también ocurriría mientras altos ejecutivos de LUMA devengan ingresos anuales de entre seis a siete cifras.
Como documentó en el 2021 el exlegislador Luis Raúl Torres Cruz, cinco de los vicepresidentes de la empresa obtuvieron ese año salarios en el rango de $300 mil a $730 mil anuales, mientras que el entonces presidente, Wayne Stensby, obtuvo $1.1 millones en sueldo y bonificaciones.
Acto intencional
A este “despilfarro”, Figueroa Jaramillo agregó decisiones intencionales y negligentes de directivos de la AEE y el gobierno que llevaron al Fondo de Retiro a la insolvencia.
Entre ellas, mencionó la aprobación de leyes que permitieron jubilaciones abruptas y no planificadas, lo que incrementó significativamente la carga financiera del sistema.
“Por ejemplo, en el 2014, cuando el gobierno se va a la quiebra, la aportación patronal al fondo de pensiones estaba en un 34 por ciento, mientras que el otro 66 por ciento se nutría de las aportaciones individuales y de las inversiones”.
“Entonces, la Autoridad y el gobierno aprobaron leyes que conllevaban unas jubilaciones abruptas y exorbitantes, como la Ley 66, que de 150 jubilaciones anuales, disparó la cifra ese primer año a 1,046 jubilaciones, y fue cuando el actuario advierte: ‘Mira, tienes que subir a 37 por ciento (la aportación patronal) para subsanar esa deficiencia. ¿Y qué hizo el gobierno de Puerto Rico? Se negó y siguió aportando 34”, afirmó Figueroa Jaramillo.
A esto, sentenció el líder sindical, se sumó “el golpe de gracia, que no es otra cosa que LUMA”.
“Porque el dinero que antes se utilizaba para cubrir las pensiones y otros compromisos, los gastos operacionales que antes se dividían entre varias partidas, ahora se lo dan totalmente a LUMA”, criticó.
Descapitalización multimillonaria
Estas y otras decisiones ejecutivas han propiciado que la AEE no haya pagado al Fondo de Pensiones de sus exempleados cerca de $1,200 millones en obligaciones patronales, según estimados del abogado especializado en la quiebra de esta corporación pública, Rolando Emmanuelli Jiménez.
“La situación es crítica”, subrayó, “y la ansiedad que tienen los pensionados por razón de no saber si el mes que viene van a tener un cheque debe ser atendida. No hacerlo sería una irresponsabilidad”.
“Y es una barbaridad que la gobernadora no haya tenido la sensibilidad de resolver el issue que se sabe desde que (el exgobernador Pedro) Pierluisi se fue: que el dinero no daba sino hasta marzo”, añadió.
Sobre este asunto, el presidente de la Asociación de Jubilados adelantó a La Perla del Sur que si hoy miércoles no obtienen un compromiso gubernamental que garantice la estabilidad financiera de los 12 mil retirados y retiradas de la Autoridad, se movilizarán en masa a La Fortaleza.
“Si no tenemos conocimiento de alguna gestión, el próximo miércoles vamos a estacionarnos frente a La Fortaleza, para que entonces sea la gobernadora la que nos diga cómo es que va a atender el problema de nuestras pensiones”, expresó Rodríguez Ortiz.
Según anunciaron a la prensa, integrantes de la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la AEE realizarán hoy miércoles una manifestación frente al Tribunal Federal en Hato Rey, donde se contempla que la jueza Laura Taylor Swain anuncie cuándo se radicará el Plan de Ajuste de la Deuda de la corporación pública.
