Una comisión internacional de la ONU que investiga los crímenes cometidos en la guerra de Ucrania dijo hoy que tiene suficiente evidencia para señalar que las autoridades rusas han cometido crímenes de guerra en varias regiones no sólo de Ucrania, sino de la propia Rusia, incluyendo violencia sexual y deportación de niños.
Además, las fuerzas de combate rusas han perpetrado crímenes contra la humanidad en la ola de ataques iniciada en octubre de 2022 contra infraestructuras energéticas, como también lo han hecho los responsables políticos al validar el uso de la tortura.
«La comisión ha concluido que las fuerzas armadas de Rusia han perpetrado ataques con armas explosivas en áreas pobladas con aparente menosprecio del sufrimiento y daño a los civiles», afirma en el informe que expondrá la próxima semana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que hoy ha presentado a la prensa.
Conforme las fuerzas rusas avanzaban en el territorio ucraniano los asesinatos de civiles que no tenían nada que ver con las hostilidades se fueron multiplicando, así como su detención y confinamiento en instalaciones levantadas con este fin tanto en la Ucrania ocupada, como en Rusia, según el documento.
En esos lugares los maltratos se convertían rápidamente en torturas por causas tan fútiles como «hablar ucraniano» o «no recordar la letra del himno ruso», mientras que fuera de ellos las redadas de los soldados rusos en domicilios privados daban lugar a violencia sexual o a la amenaza de utilizarla contra mujeres y hombres.
De los niños deportados a territorio ruso, los testigos entrevistados por la comisión han señalado que los más pequeños pueden haber perdido definitivamente contacto con sus familias.
Por otra parte, las indagaciones de la comisión también le han permitido establecer que la invasión y ataques de Rusia contra Ucrania pueden constituir un acto de agresión, que puede ser investigado y por el que puede abrir causa la Corte Penal Internacional.
En el curso de su investigación, los integrantes del grupo de la ONU (Erik Møse, de Noruega; Jasminka Džumhur, de Bosnia y Herzegovina; y Pablo de Greiff, de Colombia) viajaron ocho veces a Ucrania, visitaron 56 ciudades y entrevistaron a cerca de 600 personas, además de visitar lugares destruidos, centros de detención y tortura, y ser testigos de todos los restos de armas y explosivos que han quedado diseminados.
La comisión ha investigado igualmente las violaciones de los derechos humanos y excesos cometidos por las fuerzas ucranianas, aunque en este caso encontraron «un pequeño número de violaciones», en particular dos incidentes en el que soldados rusos fueron heridos, torturados o se disparó contra ellos, «lo que califica como crímenes de guerra».
De sus entrevistas, los comisionados sacaron la conclusión de que el mayor anhelo de la población ucraniana y en particular de las víctimas de atrocidades es que se haga justicia y se lleve a los responsables -incluidos los intelectuales- a los tribunales, sean nacionales o internacionales.
«Lo que se pide es un enfoque de rendición de cuentas que incluya tanto la responsabilidad penal como el derecho de las víctimas a la verdad, reparación y no repetición», señala el informe.
