ACLU reta en el tribunal federal leyes de Puerto Rico contra “Fake News”

Argumentan que las leyes violan sus derechos constitucionales a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el debido proceso de ley, y procuran una orden judicial que impida la aplicación de las leyes.

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SAN JUAN — La Unión Americana de Libertades Civiles (“ACLU” por sus siglas en inglés) y ACLU Puerto Rico radicaron este miércoles, una demanda sobre violación a la Primera Enmienda por las dos leyes recientes contra noticias falsas o ‘fake news’ en Puerto Rico.

La demanda fue radicada a nombre de dos periodistas, Sandra Rodríguez Cotto y Rafelli González Cotto, quienes temen que las leyes se usarán para castigarlos por sus reportajes sobre la crisis de COVID-19, sobre todo por reportajes que reflejan al gobierno pobremente. Argumentan que las leyes violan sus derechos constitucionales a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el debido proceso de ley, y procuran una orden judicial que impida la aplicación de las leyes.

“Durante tiempos de crisis, como la pandemia a la que ahora nos enfrentamos, la gente necesita recibir más información sobre cómo su gobierno está operando”, dijo la demandante Sandra Rodríguez Cotto en comunicación escrita.

“La prensa tiene que ser libre para ejercer su trabajo, sin miedo a represalias del gobierno. Estas leyes le colocan una barrera importante a la información de interés público y al debate que debe poder llevarse a cabo”, añadió.

Explicó que las leyes, una de las cuales fue aprobada durante la cobertura mediática sobre el manejo de la pandemia de COVID-19 por parte de Puerto Rico, criminaliza el compartir información que el gobierno considere falsa sobre las emergencias en Puerto Rico, incluyendo la actual pandemia global de COVID-19. Los violadores podrían enfrentarse a hasta tres años de cárcel y a una multa de hasta $5,000.

ACLU argumentó que las leyes de Puerto Rico contra “fake news”, las cuales no le requieren al gobierno que demuestre que el hablante sabía que su expresión era falsa, viola la Primera Enmienda y la Cuarta Enmienda por su terminología imprecisa y alcance tan amplio. Las leyes les proveen a las personas muy pocas guías sobre qué puede constituir un crimen y le dan demasiada discreción al gobierno en cuanto a decidir a quién enjuiciar. Como consecuencia, las leyes enfrían una porción importante de los reportajes sobre la crisis de COVID-19 y otras emergencias, concretamente porque los periodistas corren el riesgo de ser enjuiciados si el gobierno reclama la precisión de sus reportajes.

“Una sociedad libre y democrática depende de una prensa libre, especialmente durante tiempos de emergencia” dijo Brian Hauss, abogado del proyecto de expresión, privacidad y tecnología de ACLU. “Estas leyes contra ‘fake news’ violan el principio cardenal de la Primera Enmienda, el cual establece que no puede confiársele al gobierno  la regulación del diálogo sobre asuntos de interés público”.

Aunque las leyes aparentemente solo aplican a “información falsa”, ACLU advierte que inevitablemente suprimirán una porción importante de información verdadera sobre asuntos de inmenso interés público. ACLU añade que la transparencia de gobierno, no la censura, sería una manera más efectiva de combatir la desinformación, si efectivamente ese fuera el fin del gobierno. El gobierno podría comenzar por celebrar ruedas de prensa frecuentes sobre la crisis de COVID-19 en Puerto Rico, publicando récords pertinentes y explicándole al público su plan de acción.

“Por demasiado tiempo la gente de Puerto Rico ha tenido que tolerar administraciones que legislan en la oscuridad de la noche, sin rendir cuentas al pueblo por sus acciones, ni responder a cualquier forma de supervisión”, dijo William Ramírez, director ejecutivo de ACLU Puerto Rico. “Estas leyes solo sirven para alentar el temor en aquellos que exigen respuestas y un gobierno limpio. Deben ser tildadas como ofensivas a la primera enmienda y al gobierno democrático”.

La demanda se radicó en el tribunal federal para el distrito de Puerto Rico.