Abandonados por el gobierno central cientos de damnificados

El alcalde Ángel Luis Torres Ortiz reconoció que en plena pandemia una veintena de familias yaucanas permanece en campamentos comunitarios, en casetas o módulos de madera, debido a los daños que los terremotos provocaron en sus viviendas.

Foto archivo

A horas del terremoto que afectó a la zona suroeste del país el pasado 7 de enero, la Junta de Supervisión Fiscal autorizó que el Gobierno Central utilizara hasta $260 millones de la reserva del Fondo de Emergencia para atender la crisis.

Semanas después, el Gobierno Municipal de Yauco recibió una asignación de $2 millones para costear gastos iniciales y ayudas directas a los damnificados.

Sin embargo, desde entonces el ayuntamiento yaucano no ha vuelto a recibir un centavo más del Gobierno Central para atender la crisis inmediata a los sismos. La Fortaleza y la Junta de Supervisión Fiscal, por su parte, han dado por concluida su respuesta a la emergencia.

Ahora, abandonado por un Gobierno Central controlado por su propio partido, el alcalde Ángel Luis Torres Ortiz reclama se libere una asignación de $9 millones prometida a través del Departamento de la Vivienda, para empezar la postergada recuperación de Yauco.

Entre los proyectos municipales que aguardan por fondos resalta la construcción de 100 unidades de vivienda en la calle Luis Muñoz Marín y en terrenos aledaños a las urbanizaciones Villas del Cafetal y Alturas de Barinas.

“Quizás en Yauco no tenemos tantos residentes como algunos pueblos del área metropolitana, pero no somos menos que nadie”, sentencio Torres Ortiz. “Al ser solo cinco municipios en el suroeste y no los 78 los más afectados, quizás para el Estado no ha tenido la misma relevancia. No preocupa que quedemos en el olvido”.

“En mi carácter personal, me siento frustrado porque ya ha pasado mucho tiempo y la gente está sufriendo aún”.

Peseteando con los fondos de respuesta

Pese a la urgencia de fondos, gran parte de los $260 millones liberados por la Junta de Supervisión Fiscal a horas de la emergencia fueron recapturados por la entidad 30 días después, al no ser utilizados por el Gobierno Central.

“Si en vez de asignarnos $2 millones nos hubieran asignado $10 millones, ya hubiéramos atendido las situaciones en los primeros dos meses sin necesidad de intervención adicional del Estado”, sentenció Torres Ortiz.

“Pero de $260 millones que le dieron para gastar, a los cinco municipios más afectados nos dieron menos de $15 millones en conjunto. Después no utilizaron todos los fondos, la Junta los recapturara y ahora nos tienen en un juego político entre la Junta y el Gobierno”, denunció.

Abandono legislativo

Entretanto, Torres Ortiz denunció que la Legislatura de Puerto Rico tampoco ha cumplido con la asignación de fondos para la emergencia.

Incluso, cartas enviadas a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes hace más seis semanas, no han recibido respuesta. La situación contrasta con expresiones de los líderes legislativos durante los primeros días de la emergencia.

“Nuestro interés es prestarles toda la ayuda que necesiten los gobiernos municipales de esta área donde ha habido mayor daño… Tenemos una responsabilidad como Gobierno”, dijo en enero el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, durante un recorrido por las áreas afectadas en el suroeste.

“Uno entiende que, si uno sale electo por un partido, tiene la mayoría y empuja un plan de gobierno, deben ser responsivos también con sus líderes en cada pueblo”, puntualizó por su parte el alcalde yaucano.

“Mi reclamo es que no utilicen como subterfugio otros desastres, como la pandemia, porque no podemos quedar en el olvido”, añadió. “Esta región, aparte de que está económicamente deprimida, también tuvo la situación del terremoto y merecemos atención, igual a cualquier otra parte de la isla”.

En cuarentena y sin hogares

Tras completar sus inspecciones, el ayuntamiento identificó 1,500 viviendas con daños provocados por los sismos. De estas, alrededor de 700 fueron declaradas inhabitables.

“Conozco de familias que aun con la declaración de que su casa no es segura, al no tener otra opción, han permanecido viviendo en las mismas”, reconoció el alcalde.

Indicó además que una veintena de familias yaucanas aún permanece en campamentos comunitarios, en casetas o módulos de madera, debido al estado precario de sus viviendas.

“Esto de la pandemia es mucho más duro para las personas que están viviendo en estas condiciones y que ya pasaron por todo un proceso amargo con los terremotos”, dijo.

Asimismo, sostuvo que la burocracia gubernamental se ha convertido en un freno para la demolición de estructuras inseguras.

“Esta es una de las situaciones que más nos preocupa, porque los residentes necesitan agilizar el proceso para poder reconstruir sus hogares. Muchos han recibido ayudas de FEMA, pero no se han dado las demoliciones”, puntualizó.