Sobreviven como pueden los olvidados damnificados de Ponce

Ubaldo Collazo Pérez mostró donde su hijo, nuera y dos nietas se han refugiado tras los sismos.

Foto: Jason Rodríguez

A seis semanas del sismo que estremeció al sur de Puerto Rico, miles de ponceños han comenzado a recobrar sus rutinas diarias. Sin embargo, en sectores pobres y apartados al norte de la ciudad, la pesadilla apenas comienza.

Como relató Ruth Hernández Feliciano, una joven madre de 23 años y residente del sector Sonadora de Ponce, regresar a la “normalidad” se ha vuelto un sueño, una utopía.

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Desde hace un mes, Ruth vive junto a su esposo y dos hijas de uno y dos años de edad en una casucha de 12 pies de largo y ocho pies de ancho, construida con la ayuda de vecinos, quienes recurrieron a planchas de madera y zinc donadas o rescatadas.

En su interior, el espacio es tan reducido que apenas dio para acomodar una litera donde duermen todos. Mientras, los alimentos y suministros de los cuales dependen son guardados en una caseta cercana, porque no caben en el hogar improvisado.

Para bañarse, han recurrido a un baño portátil, el cual fue convertido en ducha permanente con la ayuda de una manguera. Para cocinar o utilizar el servicio sanitario, entonces acuden a la casa de algún vecino.

“Gracias a Dios pudimos hacer esto, porque si no, las nenas se nos iban a mojar”, relató Ruth, agradecida, a pesar de su precaria situación.

Su confesión, empero, fue solo uno de los relatos escuchados: historias que se repiten al grado de volverse “comunes” en las comunidades alejadas del centro urbano ponceño y de la atención del resto de la ciudadanía.

“La recuperación es para otros”

Como explicaron a La Perla del Sur, en el campo muchos evitan ir a los refugios del área urbana, tras escuchar noticias sobre la desorganización y la burocracia que en ellos impera.

Otros, prefieren permanecer cerca de sus maltrechas viviendas, ya que con la escasa vigilancia policial que se ofrece en sus zonas, temen que les roben lo poco que les queda.

Uno de ellos es Ubaldo Luis Collazo Pérez, suegro de Ruth y líder comunitario del sector Sonadora. Como otros patriarcas del área, duerme desde hace seis semanas en una caseta.

“Aquí hablan mucho de la respuesta a la emergencia. ¿Y el campo qué?”, cuestionó.

Para llegar a su comunidad fue necesario transitar por el agrietado puente en el kilómetro 23.4 de la carretera PR-139 del sector La Carmelita, el mismo que sufrió daños a consecuencia del huracán María en septiembre de 2017 y que, desde entonces, yace sin mejoras.

Según destacó Collazo Pérez, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) es la única entidad gubernamental que ha visitado a la comunidad desde que iniciaron los temblores. Tanto el Gobierno Municipal de Ponce, como las agencias estatales y los legisladores de la zona “han brillado por su ausencia”.

“Aquí les encanta decir que ‘Ponce es Ponce’, pero tiene que venir personas de otros pueblos e, incluso, de otros países para ayudar a los de aquí. Los que tienen la responsabilidad de responder por nosotros, que somos ponceños, ni se asoman por aquí”, denunció indignado.

“Aquí han venido personas de la Florida, de organizaciones sin fines de lucro y hasta empresas privadas. Ellos han dado la cara, antes que el gobierno”, abundó.

“Aquí vino la Fundación GoGo, vino MedCentro, han venido voluntarios de iglesias, vino hasta SalSoul, pero ¿y el gobierno? ¿Aquí aún hay gobierno? O sea, yo soy líder comunitario cuando tú (Gobierno) me necesitas, pero cuando yo necesito, soy nadie. Eso sí que duele. O somos todos blancos o somos todos prietos”, añadió.

“Nos sentimos solos. Completamente solos”

En la cancha bajo techo del mismo sector La Carmelita, un grupo de damnificados -incluyendo más de una decena de niños de la comunidad- esperaban pacientemente por provisiones de un cargamento de ayuda.

Allí, voluntarios de la Iglesia María Reina de la Paz en Humacao se organizaban el pasado lunes en la mañana para descargar un camión tumba, repleto de suministros para los vecinos de esta zona rural.

La escena, sin embargo, contrastaba con la maltrecha instalación deportiva, donde aguas usadas y mal olientes ocupaban un costado de la cancha, en unión a abundante maleza.

El estancamiento de aguas sucias debió corregirse hace más de un año, cuando el Gobierno Municipal de Ponce supuestamente invirtió cerca de $30 mil para mejoras en la cancha, explicaron los vecinos.

Sin embargo, los cambios cosméticos realizados -que incluyeron pintura, reparación de columpios y un pequeño muro- en nada resolvieron el problema.

“Yo veo esto y lo que me da es coraje. Aquí es donde tú vez cómo el gobierno se sigue robando el dinero, porque aquí no hay $30 mil (invertidos). El problema sigue”, puntualizó Zory Méndez Laracuente, líder comunitaria que ayudó a coordinar la repartición de ayudas en la cancha.

Entre quienes llegaron figuró Gerardo Robles Ríos, un joven del sector La Carmelita cuya vivienda se agrietó con el terremoto del 7 de enero. Como la residencia no está a su nombre, FEMA le informó que no lo puede ayudar.

Durante noches, Robles Ríos durmió bajo un toldo en el cajón de una guagua pick up, junto a su esposa e hija de año y medio de edad. Ahora, reconoce que vivirá indefinidamente en una caseta. Su esperanza es reunir los materiales necesarios para construir al menos un cuarto en madera donde resguardar a su familia.

“Yo lo quiero hacer, pero no tener recursos complica las cosas”, admitió. “Si me pudieran ayudar con eso (materiales), yo estaría bien agradecido. Yo sé que no soy el único, pero no pido ayuda por mí, lo pido para mi familia”.

“Esto ha sido bien difícil”, añadió. “Zory (Méndez Laracuente) es la que nos ayuda. Ella siempre está pendiente”.

Damnificados ayudando a todos

Irónicamente, la líder comunitaria también es una de las damnificadas.

Cada tarde, al caer el sol, ella se resguarda en una caseta, en el patio de un vecino, junto a su esposo, quien se recupera de una cirugía de corazón abierto realizada poco antes del primer sismo.

La vivienda de ambos sufrió daños en la marquesina, pero FEMA la declaró no elegible para recibir ayudas. Aún así, Méndez Laracuente y su esposo dudan de su estabilidad.

“A la mayoría de las personas con daños en esta comunidad, por una razón u otra, le han dicho que no son elegibles. Lo mismo pasó en el huracán María. Muchas veces, los más que necesitan son a los menos que ayudan”, lamentó.

Por eso, la nueva crisis provocada por los terremotos solo ha reforzado lo que ella y sus vecinos ya opinaban sobre la fallida respuesta al huracán María: el gobierno -estatal y municipal- no los va a ayudar.

“Aquí el municipio, ni siquiera para verificar que estuviésemos bien, ha venido. Pasó María, ocurrieron los temblores y aquí seguimos, como si no existiéramos. Como si no fuéramos ponceños”, sentenció.

“Esta es una comunidad que ha tenido que levantarse una y otra vez, sola. Y yo sé que siempre sale gente diciendo que las comunidades tienen que empoderarse, pero ¿qué más quieren de una comunidad que siempre tiene que resolvérselas a solas?”, continuó.

“¿Para que tenemos un gobierno, si nunca aparece cuando lo necesitamos? Para todo tenemos que estar peleando y peleando, hasta para las cosas más básicas, pero se supone que no sea así”, sentenció.

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