A flote más irregularidades en Ponce

(Ponce, 18 de diciembre de 2014) La administración de la alcaldesa María Meléndez Altieri realizó pagos irregulares a consultores, violó leyes aplicables a la aprobación de donativos, incumplió con estándares mínimos de transparencia y “no protegió adecuadamente los intereses del Municipio”.

Esto de acuerdo al más reciente informe de la Oficina del Contralor sobre las operaciones del ayuntamiento ponceño, el cual examinó el período entre el 12 de enero de 2009 y el 30 de junio del 2013.

Entre los hallazgos más contundentes, la auditoría revela que la administración de Meléndez Altieri pagó $328,790 a un consultor privado para que recaudara contribuciones pendientes de cobro sobre la propiedad mueble e inmueble, función para la que existen empleados municipales entrenados y certificados.

Estos pagos se diluyeron en cinco contratos que fueron aprobados entre febrero de 2009 y diciembre de 2012.

Incluso, para simplificarle la tarea, la propia alcaldía facilitó al consultor privado las listas de deudores que emite el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

Los pagos al consultor se realizaron en violación a los artículos 3.009r, 6.005c y 8.005 de la Ley 81 del año 1991.

“En nuestro examen no se encontró evidencia de que la Directora de Finanzas certificara que los casos de contribuyentes, por los que el consultor cobró sus honorarios, eran evasores contributivos o que las deudas habían sido declaradas morosas e incobrables, según requerido por ley”, sentenció el Informe de Auditoría M-15-15.

“Esta situación ocasionó que se delegaran funciones de recaudaciones inherentes al Director de Finanzas a un consultor privado. Dichas tareas pudieron ser realizadas por los empleados municipales a un costo menor”, puntualiza además la auditoría.

En otro caso, la alcaldesa autorizó pagos por $85,590 -a razón de $60 por hora- a otro asesor por “servicios profesionales y consultivos”, sin que este presentara evidencia de las horas trabajadas.

Los pagos, efectuados en violación a leyes vigentes, se realizaron entre diciembre de 2009 a octubre de 2010 y la Oficina del Contralor confirma que las facturas fueron certificadas por la propia alcaldesa y la directora de Finanzas, Ramona Pacheco Machado.

“Nuestro examen sobre los referidos pagos reveló que las facturas y los informes presentados por el consultor no contenían el desglose de las fechas y de las horas trabajadas por actividad para determinar la razonabilidad de los servicios prestados, y la corrección de los pagos efectuados”, añade el informe.

Irregularidades con donativos

Por otra parte, la contralora Yesmín Valdivieso Galib cuestionó un donativo de $100 mil otorgado en enero de 2011 a una entidad sin fines de lucro, ya que el ayuntamiento no pudo evidenciar el uso que se dio a esos fondos.

Otras tres entidades recibieron donativos por la suma global de $170 mil, sin presentar la certificaciones que le autorizan realizar negocios con el Municipio. Tampoco se encontró evidencia de que el Municipio las solicitó. Esto, en violación a leyes y reglamentos vigentes.

“Las situaciones comentadas propician la comisión de errores o irregularidades, y que estos no se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades. Además, dificultan al Municipio y a esta Oficina verificar la legalidad, la corrección y el uso dado a los referidos donativos”, plantea el informe.

Sin aval de Legislatura

La Contralora además confirmó que la alcaldesa de Ponce violó la Ley de Municipios Autónomos al suscribir un contrato con una empresa de recogido de basura, sin someterlo a evaluación de la Legislatura Municipal.

El contrato, firmado por Meléndez Altieri en julio de 2009, eximió a la empresa del pago de arrendamiento de una instalación municipal ubicada en el sector El Tuque durante los primeros 12 meses del acuerdo.

Cumplido ese término, la compañía haría un pago mensual de $10 mil por diez años.

En marzo de 2014, la administración municipal arrastraba una deuda de $8.8 millones con la empresa ConWaste por el recogido de basura en la ciudad. A esa fecha, el 80 por ciento de la deuda -$7.1 millones- excedía el término de 90 días de vencimiento.

Esto aun cuando el ayuntamiento separó $2.8 millones de un préstamo de $10 millones con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para abonar a la deuda. Este préstamo se aprobó en octubre de 2013.

¿Por la libre las compras?

El informe del Contralor también resalta la falta de controles en el proceso de compra de equipo, materiales y servicios en el ayuntamiento.

Esto aun después de que la propia alcaldesa autorizara la creación del Departamento de Compras y Suministros, mediante la Ordenanza 129 del 30 de junio de 2009. Su función sería centralizar el proceso de compras.

No obstante, los auditores concluyeron que la mayoría de las compras no se realizaron a través de esta dependencia, cuya directora es nombrada por la alcaldesa y confirmada por la Legislatura Municipal.

Como revela el documento, hasta 19 funcionarios de diversas dependencias realizaban esta tarea, sin tener el nombramiento o designación para ello y contrario a lo que establece, tanto al Reglamento para la Administración Municipal como la Ordenanza 129.

“La situación comentada dificulta mantener un control adecuado sobre las compras y puede propiciar la comisión de irregularidades sin que se puedan detectar a tiempo”, reza el documento.

Falta de transparencia

De igual modo, el informe ilustra cómo el ayuntamiento incumplió con su responsabilidad de remitir a la Oficina del Contralor todos los contratos firmados, dentro de un término de 15 días.

Entre enero de 2009 y junio de 2012, la alcaldía de Ponce entregó 202 contratos y enmiendas con entre 16 a 359 días de retraso.

Entre estos figuraron contratos por “servicios profesionales y consultivos” que totalizaron $1.1 millones.