El director de Política Pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA), Javier Rúa Jovet, advirtió el jueves que la nueva estructura tarifaria aprobada por el Negociado de Energía —que aumenta los cargos fijos y reduce el costo por consumo— disminuye el valor económico de la energía solar y afecta tanto a los usuarios actuales como a quienes evalúan instalar sistemas fotovoltaicos.
Según Rúa Jovet, la decisión “reduce el valor económico de generar su propia energía y aumenta costos fijos que no pueden evitarse”, lo que, a su juicio, penaliza la adopción de tecnologías solares en un momento crítico para la transformación energética del país.
SESA rechazó el aumento en el cargo base al señalar que la medida tiene efectos regresivos sobre los consumidores. “SESA se opone a cualquier aumento en el cargo base. Este tipo de cambio tarifario levanta serias preocupaciones legales y de política pública, particularmente por su impacto desproporcionado sobre los clientes de menores ingresos”, sostuvo.
El portavoz afirmó que la estructura aprobada “penaliza a quienes menos consumen y limita la capacidad de los hogares de controlar su factura eléctrica a través de medidas de eficiencia y conservación”. Añadió que el cambio impone una mayor carga económica sobre los clientes de bajo consumo, mientras alivia relativamente a los de mayor uso.
Rúa Jovet insistió en que la política tarifaria aprobada va en dirección contraria a los objetivos de eficiencia y resiliencia energética. “Puerto Rico necesita exactamente lo contrario: estructuras tarifarias que promuevan el uso eficiente de la energía, reduzcan la demanda y faciliten la integración de recursos energéticos distribuidos”, expresó.
El portavoz también cuestionó el efecto de la medida sobre el mercado solar. “Este tipo de política envía una señal equivocada al mercado… Penalizar la adopción de energía solar es inconsistente con los objetivos de resiliencia, asequibilidad y sostenibilidad que Puerto Rico ha adoptado”, afirmó.
SESA hizo un llamado al Negociado de Energía a reconsiderar la determinación y adoptar una estructura tarifaria que, según indicó, esté alineada con la ley, proteja a los consumidores y fomente la eficiencia energética y la transición hacia fuentes renovables.
La organización evalúa los fundamentos legales y técnicos de la resolución y se prepara para presentar una solicitud de reconsideración administrativa.
