Una medida que busca ampliar la fiscalización para evitar el fraude en la obtención de beneficios por programas de desempleo o de emergencias, fue aprobada por la Cámara de Representantes este jueves en los trabajos de la sesión ordinaria.
El Proyecto de la Cámara 3 fue presentado por el presidente del cuerpo, Carlos Méndez Núñez, con el objetivo de garantizar que las personas con reclamaciones legítimas de las ayudas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) puedan acceder a ellas.
Por tal razón, la pieza legislativa aumenta el término que tiene el DTRH para llevar a cabo una fiscalización adecuada y se limita el acceso a los beneficios a aquellos que realicen su solicitud de forma fraudulenta. La pieza legislativa fue respaldada con 50 votos a favor.
“Esta medida no pretende afectar al reclamante honesto que realiza su reclamación con información veraz, sino extender el proceso para que se pueda realizar una abarcadora investigación en aquellas reclamaciones que se llevaron a cabo bajo información fraudulenta con el fin de agilizar los trámites para aquellos que sí son elegibles”, expresó el autor de la medida en la exposición de motivos.
“De este modo, aquellos reclamantes que solicitan los beneficios de desempleo a sabiendas de que no cualifican para éstos, no podrán utilizar el subterfugio del término reducido para deshacerse de su responsabilidad frente al DTRH”, abundó el líder cameral.
La pieza legislativa permite que el DTRH, luego del debido proceso de ley, pueda notificar al Departamento de Hacienda y al Servicio de Rentas Internas Federal algún balance de cobro indebido que tenga algún reclamante, de modo que dichas agencias puedan retener hasta un máximo del 50 por ciento anual del reintegro contributivo a favor del reclamante para el saldo del cobro indebido.
Para ello, el proyecto establece un proceso que permita al reclamante impugnar oportunamente el aludido cobro indebido previo a la notificación a las referidas agencias.
Según Méndez Núñez, la legislación vigente contiene limitaciones sobre imposiciones y actuaciones administrativas o judiciales que pueden resultar en una intromisión indebida de las funciones que puede llevar tanto el DTRH como las agencias de ley y orden.
Mediante su propuesta se separa el aspecto administrativo del penal con el fin de que el DTRH pueda llevar a cabo las funciones administrativas que le fueron conferidas y, por otro lado, protege la discreción de las agencias de ley y orden para que estas puedan ejecutar adecuadamente.
Figuran como coautores de la medida la representante Vimarie Peña Dávila, presidenta de la Comisión del Trabajo, y el vicepresidente de la Cámara, Ángel Peña Ramírez.
