Una pieza legislativa que persigue delegar a la Administración de Seguros de Salud (ASES) la creación de un sistema de tarifas de compensación mínima para los proveedores dentro del Plan de Salud Gubernamental, mejor conocido como “Plan Vital”, fue atendida este martes por la Comisión de Salud, presidida por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló.
El Proyecto de la Cámara 2 -de la autoría de Rodríguez Aguiló y el presidente cameral Carlos Méndez Núñez- incluye la implementación de un cargo mínimo en áreas consideradas “críticas”, como la dispensación de medicamentos (dispensing fee), servicios de laboratorio y dispositivos médicos.
La ASES reconoció la importancia de establecer parámetros para la compensación de los proveedores, pero la directora ejecutiva interina, Lymari Colón, indicó en una ponencia que la propuesta debe ser evaluada conforme a las regulaciones federales de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés), así como los principios actuariales que rigen el Plan Vital.
“La fijación de tarifas mínimas debe considerar las regulaciones de CMS y basarse en estudios de costos que reflejen la realidad del mercado para evitar distorsiones en la competencia y garantizar la viabilidad económica del programa”, expresó Geovanny Maysonet, director legal de la agencia.
Sin embargo, el representante Rodríguez Aguiló afirmó la necesidad de implementar esta política pública para asegurar la disponibilidad de proveedores en Puerto Rico. A su vez, adelantó que la comisión cameral realizará cambios al proyecto para ajustar el lenguaje a la disponibilidad de los fondos de CMS hasta el 2027.
“Queremos imponerle una política pública de tarifas mínimas para asegurar que están los proveedores para poder dar servicios a los pacientes. Ciertamente, tenemos retos con CMS para que se autorice cualquier cambio”, destacó el legislador. “Hay que buscar el dinero. Al final del camino, ese dinero va a ir a dar más servicios”.
La ASES afirmó, de igual forma, que ya tiene implementado un “sistema uniforme y estandarizado” de tarifas de compensación mínima aprobado por CMS. Por tal razón, el representante Denis Márquez Lebrón cuestionó la objeción de la agencia en momentos en que cuentan con un ordenamiento interno a tono con la propuesta legislativa.
“La preocupación de ASES sería si a través de un mandato de ley imponemos un tarifario mínimo, puede pasar que el otro año el presupuesto baja y tendríamos que removerlo… Estaríamos en contra de un mandato de ley que nos obligue a establecer un tarifario mínimo”, explicó Maysonet.
En ese sentido, el Departamento de Salud opinó que las tarifas mínimas podrían incentivar una mayor participación de proveedores. Sin embargo, el secretario Víctor Ramos dijo en un memorial explicativo que si los fondos disponibles no pueden sostener estos aumentos, podría resultar en restricciones de acceso o una reducción de servicios.
“El límite en el financiamiento federal implica que cualquier aumento en compensación a proveedores debe ser absorbido por el gobierno local. El éxito del proyecto dependerá de su viabilidad dentro del marco legal y financiero de Medicaid en Puerto Rico”, comunicó el doctor.
Mientras tanto, la directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de la Comunidad, Linda Ayala, apoyó el proyecto de ley, pero sugirió que sea enmendado para que la ASES tenga que revisar las tarifas mínimas anualmente para que sean adaptadas a los cambios en el mercado.
Ayala recomendó, además, que se disponga en la medida que este cargo mínimo nunca será menor al establecido en periodos anteriores. “Así, mientras velamos por la costo-efectividad de los servicios de salud, garantizamos la disponibilidad y el acceso a estos servicios por parte de los beneficiarios del Plan Vital”, sostuvo.
El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), por otro lado, se opuso al proyecto al señalar que el efecto inmediato será inflacionario y anticipó que “el resultado que traerá este tipo de medida proteccionista es el detrimento económico del consumidor”.
“En su lugar, se debe evaluar una compensación máxima que disminuirá la especulación por parte de los proveedores de servicios de salud. Esto permitirá que, en caso de que sea el consumidor quien tenga que asumir el ‘dispensing fee’, se amortigüe el mismo”, explicó en su ponencia la secretaria Natalia Catoni.
Aunque la Asociación de Laboratorios Clínicos también participó de la vista pública, la entidad entregó una ponencia en la cual se limitó a manifestar que aumentar las responsabilidades de la ASES “sin antes garantizar su cumplimiento con la ley orgánica y la regulación federal es contraproducente”. El presidente Felipe Cintrón pidió a la Legislatura contemplar la eliminación de la agencia y la reestructuración del Plan Vital.
Evalúan subrogación y recobro por daños
Por otra parte, la comisión cameral discutió el Proyecto de la Cámara 9, igualmente presentado por Rodríguez Aguiló y Méndez Núñez, para aclarar en la ley orgánica de la ASES el derecho del Gobierno de Puerto Rico a subrogarse y recobrar ante cualquier tercero responsable de causar daños al beneficiario del Plan Vital.
La ASES rechazó la medida por entender que no está alineada con las normativas federales que conducen el programa de Medicaid, al igual que podría generar una carga administrativa y económica significativa para la agencia.
Tanto Salud, como la Asociación de Farmacias, se expresaron en contra de la pieza legislativa.
“Estamos buscando maximizar los recursos que tenemos disponibles. Son una buena alternativa ambos proyectos. Definitivamente, no se van a aprobar tal y como están”, puntualizó el representante Rodríguez Aguiló, quien adelantó que recogerá la opinión de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para hacer los ajustes necesarios a ambos proyectos.
