Con alrededor de un millón de gatos y medio millón de perros en las calles, la Oficina Estatal de Control Animal (OECA) del Departamento de Salud no cuenta con fondos para realizar sus funciones y tiene solo dos empleadas a cargo, denunció este martes la senadora María de Lourdes Santiago.
Los hallazgos trascendieron durante una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 152 de su autoría, el cual pretende fortalecer los mecanismos gubernamentales para prevenir el maltrato animal, atender la población de animales realengos y promover su adopción.
“Actualmente, ¿cuál es el presupuesto de la Oficina Estatal de Control Animal?”, preguntó la senadora a Wilma Rivera, quien dirige OECA desde su establecimiento en el 2007.
“Cero”, respondió.
“¿Cuántos empleados tiene la oficina?”, prosiguió Santiago.
“Actualmente, una oficinista y yo, la directora”, contestó Rivera.
“Estamos ante un problema de salud importantísimo… y la oficina, que es la que tiene la responsabilidad principal, depende de dos funcionarias. Me parece que es la muestra más elocuente de que esto no le importa a nadie”, sentenció poco después la senadora.
Asimismo, manifestó que mientras no se asignen los recursos para promover las esterilizaciones masivas “como una práctica consistente en el estado” no habrá un avance.
Ante esta situación, la senadora Ada Álvarez Conde sugirió la creación de un fondo especial para que los municipios no asuman en solitario la carga fiscal del control de animales.
Consolidación en Task Force
El Proyecto 152 se discutió en vista pública por la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado, presidida por la legisladora Wandy Soto Tolentino.
La medida propone enmiendas a la Ley 154-2008, conocida como la “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales” y crear el Task Force para el Manejo de Animales Realengos de Puerto Rico, compuesto por representantes de la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Policía Municipal.
El Task Force tendría la responsabilidad de desarrollar e implementar un plan integral para la gestión de animales en las calles, fomentar la esterilización y vacunación, y coordinar con los municipios el traslado de los animales a refugios para adopción.
La presidenta de la Federación Protectora de Animales de Puerto Rico, Yolanda Álvarez expresó su apoyo al proyecto, sujeto a varias enmiendas para fortalecer su efectividad. Entre sus recomendaciones destacó la implementación de un plan integral basado en evidencia científica, el cumplimiento de la Ley de Albergues Regionales, la esterilización gratuita como política pública y la reorganización de la OECA.
Álvarez también subrayó la necesidad de capacitar a los integrantes del Task Force propuesto, así como abordar la escasez de veterinarios en la isla.
Por otro lado, la administradora de la Sociedad para la Protección de Animales de Puerto Rico (SPA), Jaraileen Marrero Méndez, expresó su apoyo, aunque resaltó la importancia de contar con “una autoridad clara de ejecución, fondos adecuados y colaboración con agencias y organizaciones que trabajan directamente con los animales”.
“Apoyo plenamente los esfuerzos para fortalecer las leyes de protección animal en Puerto Rico, pero cualquier enmienda debe considerar los desafíos prácticos de aplicación, la sostenibilidad financiera y la educación pública. Insisto al Senado a adoptar un enfoque integral, incorporando a organizaciones de bienestar animal, profesionales veterinarios, agencias de ley y formadores de políticas públicas para crear un marco realista y aplicable”, sostuvo Marrero Méndez.
Actualmente, la SPA realiza anualmente cerca de 120 esterilizaciones a bajo costo, lo que resulta insuficiente para atender la población estimada de un millón de perros y gatos en las calles.
Ante esta situación, la directora de la Oficina de Asuntos Legales del Departamento de Recursos naturales y Ambientales (DRNA), Brendaliz González Méndez, explicó que esa agencia no tiene jurisdicción ni fondos disponibles para atender la población de animales domésticos y realengos.
“La jurisdicción del DRNA se limita a la conservación, preservación, distribución, manejo, introducción, propagación y restauración de especies de vida silvestre residentes, migratorias y exóticas; por lo que recae en los municipios la jurisdicción en cuanto a animales domésticos y realengos, por lo que el DRNA no posee fondos para atender la población animal contenida en la Ley Núm. 154-2008”, explicó González Méndez.
A preguntas de la senadora Soto Tolentino, González Méndez detalló que, aunque sin fondos asignados, el Cuerpo de Vigilantes del DRNA recibe y atiende querellas para la intervención de animales exóticos en las calles, brindando así apoyo a agentes municipales.
