Siete pueblos aprobaron resoluciones municipales rechazando cualquier aumento a la tarifa de luz para pagar a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) e insistieron en que se priorice la reparación del sistema eléctrico.
Se trata de los municipios de Barceloneta, Comerío, Hormigueros, Juana Díaz, Isabela, Manatí y Vega Baja.
Las resoluciones surgen en un momento en que un grupo de bonistas de la AEE, liderado por GoldenTree Asset Management, está insistiendo en que se les pague la totalidad de los $8.5 mil millones de la deuda en bonos de la AEE a través de aumentos en la tarifa de luz durante los próximos 35 años o más.
Como mencionan las resoluciones, GoldenTree decidió comprar los bonos de la AEE en 2018, después del inicio de la quiebra y del paso del huracán María.
Las resoluciones aprobadas por municipios bipartitas resaltan la situación crítica del sistema eléctrico en Puerto Rico y enfatizan la necesidad de reparar el sistema en vez de desviar miles de millones de dólares al pago de los bonistas de la AEE.
La resolución aprobada en Barceloneta delinea problemas del servicio eléctrico en el municipio que incluyen bajo voltaje, postes con declive, postes partidos, focos fundidos, vegetación invasiva y árboles entrelazados en el tendido eléctrico, interrupciones seguidas del servicio eléctrico y equipos eléctricos averiados, entre otros.
De igual forma, el gobierno municipal de Isabela detalló que en ese municipio la falta de energía y la fluctuación de voltaje afecta el bombeo de agua. En el municipio de Isabela, se tiene el 30 por ciento de la población sin agua en la zona rural cuando se va la luz.
En la resolución aprobada por la legislatura municipal de Manatí se destacó el impacto en los servicios de salud.
“Manatí cuenta con varios hospitales centrales, muchas oficinas de médicos, laboratorios y centros médicos de estudios especializados y los continuos apagones en nuestra jurisdicción afectan estos servicios en gran medida”, reza el documento.
“Nuestros residentes y comerciantes se han visto afectados por los problemas con el servicio energético provocando cierre de comercios, daños a equipos eléctricos, inventario dañado y limitación de servicios que afectan la salud socioemocional de los ciudadanos,” enfatizó también el gobierno municipal de Vega Baja en su resolución.
De manera similar, la resolución de Comerío resalta el impacto de los apagones constantes en la comunidad de envejecientes y en personas con discapacidades; la de Juana Díaz enfatiza los daños ocasionados por las fluctuaciones de voltaje; y la de Hormigueros menciona una subestación que sirve los pueblos de Cabo Rojo y Hormigueros que ha fallado varias veces en los últimos años.
En julio de este año, la jueza Laura Taylor Swain ordenó a las partes del caso de quiebra a un proceso confidencial de mediación, el cuál sigue en curso.
“Es muy importante que los alcaldes y los gobiernos municipales se han unido al reclamo multisectorial y que se han enviado estas resoluciones municipales a la jueza Swain y a la Junta de Supervisión Fiscal para que tengan consciencia de los impactos nefastos que podrían tener un acuerdo de reestructuración de la deuda de la AEE que no permite la reconstrucción del sistema eléctrico,” planteó Cathy Kunkel, portavoz del Junte Multisectorial No Más Aumentos a la Luz.
Todas las resoluciones municipales destacan que los municipios sirven como primera línea de defensa cuando pasen huracanes y otras emergencias.
“Es inaceptable que el sistema eléctrico esté más vulnerable a lo que era antes del huracán María hace siete años. El desvío y la utilización de miles de millones de dólares para el pago de la deuda en bonos perpetúa un sistema eléctrico deficiente y sin oportunidad para su rehabilitación,” concluyen las resoluciones.
¿Y Ponce?, ¿se unió o está unido al reclamo?