Durante antesala a las elecciones: Reparten desde alcaldía casi medio millón de dólares en contratos

Alcaldesa de Ponce, María Meléndez. Foto: Florentino Velázquez

Previo a las elecciones generales, la alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri, volvió a autorizar cientos de miles de dólares en contratos para un selecto grupo de contratistas, a cambio de “servicios de asesoría” y “asistencia legal”.

Concedidos en un periodo de 90 días -entre los meses de julio y septiembre de este año- los contratos aprobados totalizaron $470,919, revela un análisis del Registro de Contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Los mismos, además, se firmaron antes, durante y después de un reportaje de La Perla del Sur publicado en agosto, donde se reveló que la actual administración municipal elevó a $14.2 millones y $10.6 millones sus deudas con la Administración de Sistemas de Retiro y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), respectivamente.

En ambas instancias, por incumplimiento de pago.

Los recipientes

Entre los contratistas beneficiados figura el exsecretario del Departamento de Hacienda, José Guillermo Dávila Matos, quien a través de su compañía JFC Consulting recibió el pasado 17 de agosto un contrato por un tope de $150 mil para “servicios de consultoría administrativa”.

Dávila Matos es un colaborador cercano de la administración municipal y fue clave en la tramitación de un préstamo de $10 millones con el Banco Gubernamental de Fomento en octubre de 2013, para atender deudas con suplidores y agencias.

Desde abril de 2013, JFC Consulting ha recibido de la administración de Meléndez Altieri ocho contratos por la suma de $1,095,000.

El pasado mes de agosto, también la empresa CVV Legal Services -de Christian Varela Valentín- recibió otro contrato por $150 mil para “servicios legales” externos, a ser provistos entre los meses de agosto y diciembre de 2016.

De esta manera, se eleva a $810 mil el valor de los contratos concedidos a CVV desde junio de 2013.

De igual forma, el bufete Cuprill Law Offices recibio el pasado 2 de agosto un contrato de $37,800 para “servicios legales” hasta final de año. Bajo el nombre Cuprill & Isla Law Office, la firma recibió otros siete contratos -entre enero de 2011 y julio del 2015- por la suma de $360,550.

El abogado Rafael Torres Torres, otro estrecho colaborador de la alcaldesa, elevo a medio millón de dólares sus facturas por contratos con la administración municipal, tras recibir otro por $20 mil el pasado 1ro de julio.

Desde febrero de 2010, Torres Torres ha recibido 19 contratos por “consultoría administrativa” y “servicios legales”.

La insistencia en el pago por servicios legales externos ocurre aun cuando el ayuntamiento cuenta con una División Legal propia, dirigida por la abogada y ayudante de la alcaldesa, Carmen Edith Torres, quien devenga un salario anual de $60,750.

Otros abogados recientemente incluidos en el Registro del Contralor por el ayuntamiento ponceño son Ivelisse Toro Zambrana ($19 mil), Rafael Serrano Quiñones ($7,800) Carmen Curet Salim ($7,650), la firma Advantage Business Consulting ($9 mil) y Danny López Pujals. Este último recibió su primer contrato, por $8,670.

En total, estos cinco han recibido 43 contratos por $525,410, desde julio del 2010.

A ellos se suman contratos de “consultoría administrativa” otorgados en agosto y septiembre a ASA Security Logistics & Technologies ($25 mil), Elsa Luis and Associates ($16 mil), Silvagnoli CPA Group ($10 mil) y Carlos López Atienza ($9,999).

Estos últimos dos han recibido un total de 15 contratos en variedad de renglones, incluyendo consultoría, servicios técnicos y contabilidad, por sobre un cuarto de millón de dólares ($265,010), desde el año 2010.