Visuales en Guayama y Peñuelas confirman dejadez de la JCA

La agencia ha ignorado por años cómo AES ha acumulado ilegalmente cientos de miles de toneladas de cenizas en su sede, en clara violación a su contrato con la AEE, que limita a 180 días el máximo de tiempo permitido para que este desperdicio se almacene.

Foto suministrada

La colosal montaña de cenizas que desde hace años se agiganta en los predios de la carbonera AES en Guayama, así como las 15 mil toneladas de residuos tóxicos que han ido a parar al vertedero de Peñuelas desde el pasado mes de julio, no fueron lo único que quedó al descubierto durante la inspección aérea realizada el pasado viernes por una delegación del Senado.

Los hallazgos expusieron además la dejadez e incompetencia con la que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) ha manejado reiteradas denuncias comunitarias sobre el mismo tema, aún cuando es a esta agencia a la que se ha delegado la facultad de velar por el cumplimiento de la nueva Ley 40.

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Aun cuando cinco senadores pudieron documentar -desde un helicóptero- múltiples violaciones en el manejo de este desperdicio industrial, incluyendo la ausencia o ineficacia de medidas de mitigación de polvo fugitivo en los predios de AES y EC Waste, todas han pasado “desapercibidas” para la agencia con la obligación ministerial de fiscalizar el manejo de los residuos.

De hecho, tras concluir dos inspecciones en el vertedero entre julio y agosto, personal de la JCA insistió públicamente no haber detectado violación alguna con el acopio de las cenizas en Peñuelas.

Igualmente, la agencia ha ignorado por años cómo AES ha acumulado ilegalmente cientos de miles de toneladas de cenizas en su sede, en clara violación a la cláusula contractual con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que limita a 180 días el máximo de tiempo permitido para que este desperdicio se almacene en el país.

En su lugar, la alta gerencia de la JCA ha ignorado denuncias públicas y ha rehusado sancionar a la empresa.

En entrevista con la periodista Michelle Estrada Torres, la presidenta de la JCA, Tania Vázquez Rivera, reconoció el pasado 11 de agosto que su agencia no había asignado personal a ninguno de los diez operativos policiales realizados hasta entonces para transportar cenizas de Guayama a Peñuelas.

En la misma entrevista, además, Vázquez Rivera reconoció no tener cifras de la cantidad de cenizas depositadas, alegó no haber visto vídeos de los camiones entrando al vertedero sin la cubierta requerida y dijo desconocer si las cenizas eran utilizadas como material de cubierta.

“Las imágenes validan las preocupaciones y las denuncias que se han hecho”, planteó en conferencia de prensa el senador independentista Juan Dalmau Ramírez. “Antes estos visuales, la Junta de Calidad Ambiental tiene que dar unas explicaciones”.

“Esas cenizas están al descubierto. Son dos montañas venenosas que amenazan la salud y el bienestar general de la zona sur de Puerto Rico”, añadió.

Asimismo, tanto las imágenes captadas como documentos obtenidos por el grupo confirmaron que el vertedero peñolano no cuenta con suficientes desperdicios líquidos para justificar el acopio de sobre 15 mil toneladas de cenizas, destinadas presuntamente para la solidificación.

“La comunidad no ha visto nunca oficiales de la JCA entrar a ese vertedero. Ellos dicen que fueron una vez ahí, pero a estas alturas, ¿quién les cree?”, dijo por su parte el representante legal de los manifestantes en Peñuelas, Jaime Ruberté Santiago.

“La ciudadanía de esta zona se cansó de poner querellas ante la JCA y que la Junta no conteste. Ya la gente no tiene ninguna expectativa de que la Junta conteste nada. Ese es el problema que surge cuando el gobierno actúa con falta de transparencia”, continuó.

La Perla del Sur solicitó entrevista con la Presidenta de la JCA a través de su oficial de prensa, Nidzy Ortiz, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta.

Riesgo latente

La peor parte, reconocieron en conferencia de prensa los senadores, es el riesgo al que esta semana se exponen residentes de Guayama y áreas cercanas a los vertederos de Peñuelas, ante el potencial paso por el Caribe del poderoso huracán Irma.

“Los cogimos al descubierto. La montaña de cenizas (en Guayama) no está humedecida, está completamente a la intemperie y en contacto con el ambiente”, dijo el senador Luis Berdiel Rivera.

“Si ocurriera un fenómeno atmosférico, las comunidades se verán sumamente afectadas. Con el viento ese material puede llegar a distintos sitios”, continuó.

Por su parte, el senador Nelson Cruz Santiago detalló la falta de controles ambientales, tanto en la planta en Guayama como en el vertedero en Peñuelas.

“El impacto que hay cerca de los humedales que hay en el área de Guayama es significativo, se puede notar en la vegetación. Ahí no hay control de escorrentías. De venir lluvias fuertes, no va a haber forma de que se pueda controlar ninguna montaña de cenizas que sobrepase los 25 pies de altura”, advirtió quien años atrás fuera agente del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“En el caso de Peñuelas, también pudimos ver cómo la montaña que está al lado oeste del impacto, donde se están enterrando estas cenizas, no tiene los niveles ni los controles de erosión y sedimentación, ni las terrazas”, continuó.

“Podemos deducir que en un momento de lluvia, todo ese material va a caer a la carretera PR-385, como pasó en un momento dado hace unos años atrás, cuanto parte de esas cenizas cayeron en el sector El Pueblito”, añadió. “Esto es algo impactante, es algo que nos debe preocupar”.

Reacción tardía

A las exigencias de los legisladores, incluyendo al presidente del Senado, Thomas Rivera Shatz, la JCA sí respondió.

En una resolución divulgada en la noche del pasado viernes, Vázquez Rivera ordenó a las empresas AES y EC Waste tomar las acciones que minimicen cualquier riesgo a recursos naturales y comunidades, durante el potencial paso del huracán Irma.

Sin embargo, antes de que se cumpliera el periodo de 24 horas concedido por la JCA, ambas compañías hicieron caso omiso a la orden, insistiendo que las medidas eran innecesarias.

Al cierre de esta edición, la inacción de AES dio paso a que la JCA impusiera a la empresa una multa por $25 mil, y presuntamente abrió el camino para emitir otras.

Contradicción legislativa

Mientras todo esto ha ocurrido, la legislatura también ha arrastrado los pies para investigar el manejo de las cenizas, realizar estudios sobre su peligrosidad y determinar con precisión las áreas impactadas.

Entra las medidas olvidadas resalta un proyecto para ordenar al Departamento de Salud y a la JCA que realicen un estudio sobre potencial contaminación -incluyendo metales pesados- cerca de la carbonera en Guayama y el vertedero en Peñuelas.

La pieza legislativa, empero, permanece desde hace siete meses inerte en la Comisión de Salud en la Cámara.

La Resolución Conjunta de la Cámara 52, presentada por los representantes José Meléndez Ortiz, Víctor Torres González, Juan Morales Rodríguez y Samuel Pagán Cuadrado, fue radicada el 1 de febrero de este año y aún espera por un informe de la comisión que preside el representante Morales Rodríguez.

Desde que la planta AES en Guayama inició operaciones en noviembre de 2002, el gobierno no ha realizado estudio alguno en Guayama o Peñuelas para indagar sobre el grado de contaminación en estas jurisdicciones, aún con reiteradas solicitudes de ciudadanos preocupados.

En su lugar, ha justificado las operaciones de AES y el “uso comercial beneficioso” de las cenizas, señalando que nada apunta a problemas de salud en esas zonas a consecuencia de los residuos de la combustión de carbón.

“Engavetado”

Entretanto, dos medidas que obligarían a la JCA a realizar un inventario de todos los lugares donde se hayan depositado cenizas de AES corre idéntico destino.

Los proyectos del senador Dalmau Ramírez y el representante Denis Márquez Lebrón permanecen enterrados en la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado y la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara, desde el pasado mes de febrero.

La Resolución Conjunta del Senado 63 y la Resolución Conjunta de la Cámara 61 surgen a raíz de una investigación de La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) donde se desveló que entre los años 2004 y 2012, sobre dos millones de toneladas de cenizas tóxicas de AES fueron convertidas en relleno para urbanizaciones y vías de rodaje en los municipios de Guayama, San Juan, Dorado, Toa Alta, Caguas, Juncos, Ponce, Santa Isabel, Coamo, Arroyo y Mayagüez.

Cenizas también fueron utilizadas como base para charcas de retención, caminos y puentes aledaños a quebradas, quedaron expuestas a la brisa y la lluvia, y hasta abandonadas en solares baldíos en la zona sur del país.

“No hay ninguna voluntad legislativa para resolver ningún asunto adicional en torno a las cenizas de carbón, salvo la barbaridad esa que radicaron unos representantes desconocidos para que se penalice de manera adicional las manifestaciones en las calles. Lo más seguro es que a eso sí le dan curso legislativo”, lamentó el abogado Ruberté Santiago.

En remojo investigación

A la misma vez, dos proyectos legislativos que reclaman se investigue cómo se manejan las cenizas que se trasladan al vertedero de Peñuelas -desde que se aprobó la Ley 40- llevan casi dos meses atorados en la Comisión de Asuntos Internos, tanto de la Cámara como el Senado.

La Resolución del Senado 366 de Dalmau Ramírez y la Resolución de la Cámara 494 de Márquez Lebrón fueron radicadas el pasado 12 de julio, a horas de que AES reiniciara el envío de camiones con toneladas de cenizas de carbón al vertedero de Peñuelas.

“La legislatura no se caracteriza por ser ágil, salvo que haya un interés particular de aprobar un asunto. Y, evidentemente, en este momento la legislatura no tiene un interés de mover este asunto”, concluyó Ruberté Santiago.