Tribunal valida treta que permite el depósito de cenizas en Peñuelas

La opinión judicial confirma que la llamada Ley para prohibir el depósito de cenizas de carbón en la Isla perpetúa miles de toneladas del desperdicio en vertederos locales mediante tecnicismos y eufemismos como el Agremax, tal como advirtió el 28 de junio La Perla del Sur.

Foto: Enzo Delgado Torres

A un mes de que el gobernador firmara la Ley 40, la polémica legislación ha comenzado a rendir frutos para AES Puerto Rico.

Como trascendió a los medios el pasado domingo, la descarga de sobre 5 mil toneladas de cenizas tóxicas de carbón vertidas durante las pasadas tres semanas en el vertedero EC Waste de Peñuelas fue declarada “en ley” por el Tribunal de Primera Instancia de Ponce, a tono con el proyecto de ley que en julio pasado negociaron La Fortaleza y la carbonera en Guayama.

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La determinación del juez Mariano Vidal Sáenz ocurrió luego de que el Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa reclamara que se paralizaran los depósitos de cenizas en el vertedero peñolano, mediante Solicitud de Interdicto radicada el pasado 13 de julio.

La opinión judicial, sin embargo, confirma que la llamada Ley para prohibir el depósito de cenizas de carbón en la Isla (Ley 40) perpetúa miles de toneladas del desperdicio en vertederos locales mediante tecnicismos y eufemismos como el Agremax, tal como advirtió el 28 de junio La Perla del Sur.

El Agremax es el nombre con el cual la empresa AES denomina su mezcla hidratada de cenizas volantes (fly ash) y de base (bottom ash).

“Contrario a las alegaciones de los demandantes, vemos que el estado de derecho no ha cambiado, puesto que la actividad realizada por los codemandados, entiéndase, el depósito y disposición de Agremax en los vertederos codemandados, está permitida por la Ley 40”, reza la decisión judicial.

En diciembre de 2012, la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) certificó que el 80 por ciento del Agremax se compone de “fly ash”, mientras que el remanente es “bottom ash”. El depósito de “fly ash” y “bottom ash” están expresamente prohibidos en la Ley 40.

“Si para algo sirve esta sentencia, es para demostrar claramente que los que participaron de las enmiendas de esta Ley engañaron al pueblo”, declaró a preguntas de este semanario el representante legal de los manifestantes en Peñuelas y expresidente del Colegio de Abogados, Jaime Ruberté Santiago.

“Los legisladores que apoyaron esto deberían estar dándose contra el piso, si son honestos consigo mismo y con la gente a quienes representan. Fueron por lana y salieron trasquilados”, añadió.

Minutos antes de que el proyecto de ley fuera discutido y aprobado en el Senado el pasado 24 de junio, emisarios de La Fortaleza introdujeron enmiendas para que la prohibición no aplicara a las cenizas que presuntamente tengan un “uso comercial beneficioso”.

Al aprobarse, se saboteó la intención original: la veda absoluta.

La confirmación

En su dictamen, el juez Vidal Sáenz determinó que el depósito de Agremax está protegido por la Ley 40, incluso a pesar de que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) aún no ha presentado un reglamento que defina el “uso comercial beneficioso”.

Al ser abordado sobre el tema, el principal asesor legal del gobernador, Alfonso Orona Amilivia equiparó el Agremax al “rock ash” y planteó que para la EPA tiene un “uso comercial” aceptado.

“Esto se ha determinado a nivel federal y a nivel local se acoge. Es la determinación que el Agremax es un compuesto que tiene un uso comercial beneficioso y, según establece la Ley 40, es permitido su uso y es permitido su disposición en vertederos como el de Peñuelas”, insistió.

No obstante, a preguntas de este semanario, Orona Amilivia reconoció no haber visto nunca cómo se elabora el Agremax y no pudo precisar su composición.

El asesor legal del Gobernador ha defendido enfáticamente las operaciones de AES Puerto Rico desde que asumió el cargo en enero. Entre noviembre de 2009 y octubre de 2010, laboró para el bufete Fiddler González & Rodríguez, firma que ha brindado servicios legales a AES desde la década del 1990.

Utopía fiscalizadora

Por otra parte, en su decisión el juez Vidal Sáenz dejó en manos de la JCA la fiscalización de todas las descargas de cenizas en el vertedero.

Como reiteradas veces han denunciado activistas del Campamento Contra las Cenizas de Peñuelas, funcionarios de esa agencia han “brillado por su ausencia” en la zona, antes, durante y después de cada movilización de camiones a Tallaboa.

“No estando prohibido por ley el depósito y disposición de Agremax, y habiéndose presentado esas dos querellas ante la JCA, le corresponde a la agencia investigar y determinar si los codemandados se encuentran transportando cualquier otro residuo de combustión de carbón prohibido por la nueva Ley 40”, establece el dictamen judicial.

A preguntas de este semanario, Orona Amilivia alegó que la última inspección periódica realizada por la JCA en el vertedero peñolano ocurrió el pasado mes de junio: una de cuatro que se realizan al año. No obstante, luego declaró que personal de la agencia realizó una “inspección preliminar” en semanas recientes y que en la misma no se identificaron violaciones.

Por último, el abogado Ruberté Santiago adelantó que, a pesar de la opinión emitida por Vidal Sáenz, apelará la decisión.

“Aún no hemos decidido si buscamos la reconsideración o si radicamos otro recurso en otro nivel. Aunque en este momento no se ha determinado qué recurso será, sí vamos a tomar medidas en relación a esto”, declaró.