Establece precedente histórico dictamen del Supremo

Los manifestantes celebraron la decisión del Tribunal Supremo en el campamento de Tallaboa, pero aseguraron que no bajaran la guardia.

Fotos: Abimael Medina
Walter Torres Maldonado
Foto: Jason Rodríguez Grafal
Foto: Abimael Medina

Comenzó como un movimiento de resistencia ciudadana, creció hasta convertirse en punto de convergencia nacional y culminó con un histórico dictamen del máximo foro judicial del país.

La lucha que desde hace cuatro años libran residentes de la comunidad Tallaboa en Peñuelas contra la descarga de miles de toneladas de cenizas de carbón en su territorio fue ratificada el pasado lunes por el Tribunal Supremo, cuando su panel de jueces validó la ordenanza municipal que prohíbe el uso y disposición del material en esa jurisdicción.

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La opinión del Supremo, además, valida idénticas ordenanzas municipales en otros 44 municipios del país, donde se ha repudiado el depósito de cenizas producidas por la empresa AES en Guayama.

Asimismo, plasma por escrito la facultad que tienen los municipios para legislar restricciones adicionales a las existentes para la protección de los recursos naturales, tanto en el ámbito federal como estatal.

“Aquí ha quedado clara la validez de la Ley de Municipios Autónomos. Este es un mensaje a la Junta de Calidad Ambiental, para OGPe, para el Departamento de Recursos Naturales y cualquier agencia que quiera regular algo en cualquiera de los 78 municipios”, sentenció el alcalde de Peñuelas, Walter Torres Maldonado.

“Hay que ver cuál va a ser la postura de la nueva Secretaria de Recursos Naturales, que hasta ahora ha sido un poco ambivalente, y cuál va a ser la posición del nuevo director de la JCA, pero hasta que no haya una ley diferente a nivel central, el estado de derecho es lo que existe en las ordenanzas municipales”, continuó.

“Esta es una victoria grande para Peñuelas y para Puerto Rico, pero como sabemos que hay intereses envueltos, hay que mantenerse vigilante ante lo que pueda suceder”, añadió.

Validada la estrategia

Por su parte, el abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Luis José Torres Asencio, calificó la determinación del Supremo como una validación a la estrategia de lucha implementada por los vecinos.

“Uno de los elementos mas significativos de esta lucha ha sido la creatividad de las comunidades y grupos que han apostado al cabildeo -no ante la asamblea legislativa de Puerto Rico, si no ante las distintas legislaturas municipales- como estrategia para contrarrestar la inacción del Gobierno Central”, opinó.

“En ese sentido, hay una validación a la autonomía municipal como una estrategia para accionar en defensa de estos intereses”, añadió.

De hecho, en su sentencia los jueces del Supremo dieron al traste con el argumento embozado por abogados de la empresa EcoSystems, quienes argumentaron que la EPA y la JCA son las únicas entidades con “jurisdicción exclusiva” para regular en la isla todo lo vinculado al manejo de los desperdicios sólidos.

“No existe duda alguna en torno a la clara intención de la EPA de permitirle a los estados promulgar y adoptar aquellas regulaciones que estime necesarias para atender lo relacionado a la disposición de residuos de la combustión de carbón. Nos resulta inescapable, pues, concluir que la EPA no ocupó el campo en cuanto a este asunto”, se indica en la opinión de 29 páginas.

“La JCA, tampoco, al día de hoy, ha ocupado el campo en cuanto al uso de agregado manufacturado a base de cenizas de la quema de carbón como material de construcción”, añade.

“Se resuelve que el asunto relativo al uso de cenizas procedentes de la combustión de carbón no es uno que haya sido ocupado por el gobierno federal o estatal, y que el Municipio de Peñuelas ostenta la facultad en ley para prohibir su uso dentro de sus límites territoriales”, precisa la sentencia.

Puerta abierta a la regulación futura

Aun así, Torres Asencio advirtió que la controversia por las cenizas de carbón no ha concluido y que existe la posibilidad de que la pauta de los municipios en el tema sea retada nuevamente.

“La opinión del Tribunal Supremo también contempla la posibilidad de que la JCA actúe para cerrar esa ventana de posibilidad. Ahora hay que ser muy cuidadoso y velar cómo va a proceder la JCA ante todo esto”, explicó.

“Mi impresión es que si la JCA decide reglamentar el uso, manejo y disposición de cenizas de carbón en una manera que cierre las puertas a la acción legislativa de parte de los municipios, sí tendría un efecto e incidiría sobre la validez de todas estas ordenanzas municipales”, continuó. “Le cerraría las puertas, independientemente de que sea un acto posterior. Tendría un efecto retroactivo”, puntualizó.

“Evidentemente no afectaría el resultado de este caso en este momento en particular, pero si la JCA ocupara el campo y cerrara esa posibilidad, podría todavía permitir cosas como las que han estado ocurriendo en Peñuelas y Humacao”, abundó.

Ante esto, Torres Asencio reiteró la importancia de llevar a consideración el Proyecto del Senado 340, según fue presentado por la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

“La decisión del Tribunal Supremo no debe ser interpretada como que de alguna manera alivia o evita que el Proyecto del Senado sea considerado. Al contrario, me parece que ante la realidad de que hay municipios que no tienen ordenanzas prohibiendo las cenizas, hay una necesidad de que se establezca una política nacional sobre el tema”, opinó.

Buscará sanciones

Consumado el dictamen del Supremo, el Alcalde Peñolano adelantó que gestionará la imposición de multas administrativas contra EcoSystems por la disposición de cientos de toneladas de cenizas en su municipio.

La Ordenanza Número 13 contempla multas de $5 mil por cada camión que haya descargado residuos de carbón ilegalmente en este territorio municipal.

“Primero tenemos que determinar cuántas toneladas de cenizas hay ahí para saber a cuánto equipara eso en camiones, para poder establecer (las multas)”, dijo.

Asuntos pendientes

Por último, el abogado Torres Asencio vio con muy pocas probabilidades una moción de reconsideración en el Alto Foro.

“Yo no le veo ninguna posibilidad a una reconsideración, no tanto por el lenguaje de la opinión, si no por el hecho de que la opinión es unánime”, dijo. “En algunos casos está disponible la posibilidad de solicitar revisión al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero a mí no me parece que este sea uno de esos casos”.

Torres Asencio, además, indicó que la sentencia del Supremo refuerza la decisión del Tribunal Federal de Distrito en Puerto Rico -en el caso AES vs. Trujillo Panisse- donde se desestimó la demanda al entender que las ordenanzas municipales que prohíben el uso y depósito de cenizas de carbón son válidas.

Este caso ahora se encuentra en apelación ante el Primer Circuito en Boston.

El abogado además indicó que la decisión del Supremo podría tener un impacto en el caso de Peñuelas Valley Landfill vs. Díaz Pérez, donde el Tribunal de Apelaciones dictó el pasado 9 de noviembre que la empresa puede depositar Agremax en el vertedero de Peñuelas. Este caso actualmente está en proceso de reconsideración.

De igual forma, quedan pendientes los casos radicados contra los 60 manifestantes que el pasado mes de noviembre fueron arrestados, en dos hechos separados, por obstruir la entrada de cenizas de carbón al vertedero.

“Yo esperaría que todos esos casos sean archivados por el ministerio público, pero si no es así, me sorprendería mucho que esos cargos prosperen. Se me hace difícil concebir ahora mismo alguna justificación para que procedan los cargos que se le están imputando a estas personas”, concluyó.