Supremo acepta caso sobre libertad de expresión

Foto: EFE / Michael Nelson

Washington – El Tribunal Supremo aceptó evaluar un importante caso sobre libertad de expresión, en el que tendrá que decidir sobre la legalidad de las leyes estatales que prohíben llevar ropa con insignias o mensajes políticos en los centros de votación.

El caso procede del estado de Minesota, que prohíbe las vestimentas que tratan de influir en la opinión de los votantes, incluso si no llevan los nombres de ningún candidato.

- Publicidad -

La legalidad de esa ley ha sido desafiada por la Alizanza de los Votantes de Minesota, un grupo ligado al movimiento del ultraconservador Tea Party y que considera que la ley de Minesota está diseñada para acallarles y, por tanto, viola la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión.

El caso tiene el rostro de Andrew Cilek, el director ejecutivo de la Alianza de los Votantes de Minesota que no pudo votar porque llevaba una camiseta con la bandera amarilla de Gadsden, utilizada en la Guerra de Independencia y con el mensaje “Don’t Tread on Me” (No me pisotees) y una serpiente de cascabel en espiral y en posición defensiva.

Esa bandera ha sido usada en los últimos años por grupos contrarios a la intervención gubernamental, como el Tea Party. Además, Cilek lucía una chapa con el mensaje “Please I.D. Me” (“Por favor, pida mi carnet”).

Grupos conservadores usan ese lema para mostrar su apoyo a las leyes que obligan a los ciudadanos a mostrar un carné con fotografía para ejercer su derecho al voto, a pesar de que en Estados Unidos no hay un documento nacional de identidad y los ciudadanos no están obligados a disponer de esa identificación.

Los defensores de las leyes de votantes argumentan que evita fraudes, pero sus opositores aseguran que, en realidad, busca impedir el voto de los pobres y las minorías, ya que esos sectores poseen carnés de conducir en menores proporciones debido a la imposibilidad de permitirse el pago de un vehículo.

El Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito, con sede en San Luis (Misuri) y con competencia sobre Minesota, determinó en dos fallos, en 2013 y 2017, que la ley de Minesota es legal porque ayuda a mantener “la paz, el orden y el decoro” dentro de los centros de votación.

Frente a los veredictos de este tribunal de apelaciones, los grupos conservadores recurrieron y el Tribunal Supremo decidió estudiar el caso en una audiencia, posiblemente el año próximo.