Juez rechaza detener deposito de cenizas en Peñuelas

Un recurso de auxilio radicado por el Gobierno Municipal de Peñuelas para frenar la descarga de cenizas de carbón en el vertedero de ese municipio fue rechazado de plano por el juez Aníbal Lugo Irizarry del Tribunal de Primera Instancia de Ponce.

Al cierre de una vista celebrada el pasado 29 de abril en la Sala 602 del Centro Judicial, Lugo Irizarry descartó la petición del ayuntamiento amparándose en la necesidad de tener “deferencia” con el Tribunal Supremo, foro que en un futuro impreciso deberá evaluar si es válida o no la Ordenanza Municipal Número 13 que prohíbe la disposición del material cenizo en jurisdicción peñolana.

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En su deposición, el juez determinó que el Tribunal de Primera Instancia no tiene jurisdicción para emitir un Recurso de Equidad en el caso, lo que de inmediato provocó malestar y frustración entre decenas de residentes peñolanos presentes en sala.

Vecinos de comunidades peñolanas y grupos de protección ambiental reinstalaron semanas atrás un campamento de desobediencia civil frente al vertedero administrado por la empresa Peñuelas Valley Landfill, para impedir la entrada de camiones que transportan decenas de toneladas de cenizas tóxicas de carbón provenientes de la planta AES en Guayama.

Como consecuencia, Peñuelas Valley Landfill recurrió al Tribunal de Ponce y el pasado 18 de abril el juez Lugo Irizarry resolvió que se arreste a los manifestantes que intervengan con las operaciones del vertedero.

No obstante, dos días después el alcalde Walter Torres Maldonado ordenó el uso de equipo pesado del ayuntamiento para detener la entrada de camiones con cenizas para hacer valer la ordenanza municipal vigente.

“Entendemos que este es un claro caso de una determinación completamente errónea de parte del Tribunal de Primera Instancia”, declaró el pasado viernes al salir de la sala 602 el abogado de la Legislatura Municipal de Peñuelas, Juan de Jesús Vélez.

“El Tribunal sí tiene una facultad inherente, reconocida por el Derecho, para emitir decisiones interlocutorias. Sabemos que esto va a seguir aumentando la resistencia y eventualmente podrían ocurrir hasta tragedias si no se llevan las cosas en paz”, continuó. “Le pedimos que tuviera deferencia con la comunidad. Es inevitable que el pueblo se indigne”.

Por su parte, el portavoz del Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa Encarnación, José Manuel Díaz Pérez, no pudo ocultar su enojo con la forma en que Lugo Irizarry “despachó” el asunto.

“Lo que ha hecho el juez es lavarse las manos”, denunció. “Hasta le tiró la papa caliente a la Junta de Calidad Ambiental, que ha brillado por su irresponsabilidad en este caso”.

“Él tuvo la oportunidad de traer la paz, por lo menos hasta que el Tribunal Supremo decida lo que sea sobre la ordenanza municipal, pero prefirió jugar a tratar de quedar bien con todo el mundo”, continuó. “Le fallaron las rodillas al Juez. Nosotros esperábamos mucho más que esto”.

“Fue una decisión injusta”, declaró por su parte el líder comunitario Jimmy Borrero Costas. “Un juez siembre debe estar del lado de la protección de la salud de las personas y las comunidades”.

Borrero Costas, también candidato a Alcalde de Peñuelas por el Partido Independentista Puertorriqueño, afirmó que ante la ausencia de protecciones del Tribunal, los manifestantes recurrirán a la desobediencia civil para impedir la entrada de los camiones con material tóxico.

“Nosotros no vamos a permitir que nos vengan a envenenar. Ahora vamos a estar más combativos que nunca”, declaró.

Entre las personas que llegaron hasta el Centro Judicial de Ponce estaba el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, quien también se solidarizó con los residentes peñolanos.

“Quería estar aquí para respaldar a estos extraordinarios puertorriqueños y ser solidario”, dijo. “Esta es una lucha de la gente buena de las comunidades contra los grandes ‘colmillús’, como yo les llamo. Estoy seguro que eventualmente la verdad va a salir a flote”.

Por último, el portavoz de la Coalición Pro Bosque Seco Ventanas-Verraco, José Sáez Cintrón, opinó que la determinación del tribunal “deja a las comunidades en el aire”, por lo que no dudó en adjudicarle responsabilidad de lo que pueda suceder en la línea de protesta.

“De sucesos lamentables que afecten la salud de los residentes serán responsables los que tomaron las decisiones para que esto continúe”, sentenció.