Sabotean proyecto legislativo que pretendía prohibir las cenizas de carbón

El resultado es un proyecto de ley defectuoso que pretende proyectar a la ciudadanía que se ha legislado para prohibir los residuos de la combustión de carbón, cuando en realidad se han legalizado excepciones para mantener este desecho tóxico en Puerto Rico, de una manera u otra.

Foto archivo

Meses de cabildeo, estrategias publicitarias, juego de palabras y maniobras legislativas entre representantes de la empresa AES y sus intermediarios en el gobierno, finalmente lograron su cometido.

En votación 25 a 5, miembros del Senado de Puerto Rico aprobaron el pasado sábado una versión enmendada del Proyecto 81, que en su origen pretendía prohibir el depósito de cenizas de carbón en la isla.

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Sin embargo, el proyecto adoptado en el Senado y ratificado horas más tarde por la Cámara de Representantes perpetúa mediante tecnicismos millones de toneladas de cenizas en el país, al tiempo que protege los intereses económicos de AES.

Las enmiendas enviadas desde La Fortaleza el pasado 24 de junio -e integradas justo antes de que el proyecto se discutiera en el hemiciclo- excluyeron de la prohibición las cenizas que presuntamente tengan “uso comercial beneficioso”.

Según argumentan ejecutivos de AES, entre estas figuran las miles de toneladas que se envían a vertederos para la solidificación de desperdicios líquidos -como EC Waste en Peñuelas-. También, las que por años se han destinado para relleno estructural, base de carreteras y hasta terrenos para la agricultura.

De convertirse en ley con la firma del gobernador, tanto Ricardo Rosselló Nevares como la legislatura habrán provisto a AES el mecanismo para que gran parte de las 250 mil toneladas de cenizas que se producen anualmente en Guayama evadan la prohibición y permanezcan en la isla.

Al final, el resultado es un proyecto de ley defectuoso que pretende proyectar a la ciudadanía que se ha legislado para prohibir los residuos de la combustión de carbón, cuando en realidad se han legalizado excepciones para mantener este desecho tóxico en Puerto Rico, de una manera u otra.

A la misma vez, se consuma una salida airosa para AES, al permitirle que se economice anualmente los millones de dólares que conlleva una correcta disposición del material.

Contradicciones

La renuencia de los legisladores y La Fortaleza a aprobar una prohibición absoluta a las cenizas levanta además interrogantes sobre las prioridades entre miembros de ambos poderes.

Aun cuando el PS-81 reconoce la peligrosidad de los residuos de carbón y las implicaciones de sus metales pesados sobre la salud, en el lenguaje final del proyecto se hicieron malabares para que un “uso comercial beneficioso” prevaleciera.

La medida, empero, no ofrece definición alguna para este término, por lo que delega en la Junta de Calidad Ambiental (JCA) dicha facultad.

La calificación, empero, contradice la postura del pasado presidente de la JCA, Weldin Ortiz Franco, quien durante una Sesión de Interpelación ante el Senado el pasado mes de diciembre reconoció que las cenizas no tienen uso beneficioso y, por lo tanto, deberían considerarse un desperdicio.

Aunque el PS-81 prohíbe el depósito y disposición de residuos de carbón en vías y terrenos, la inclusión del término “uso comercial beneficioso” en el documento final reabre la puerta para que el desecho retome su ruta hacia proyectos de construcción y vías públicas, siempre y cuando la JCA así lo autorice.

Por otro lado, una enmienda presentada el sábado por el senador Juan Dalmau Rodríguez para que la prohibición incluyera la mezcla de cenizas fue primero aprobada y dos horas más tarde removida del proyecto, en votación a viva voz.

La exclusión dejó el camino expedito para que las cenizas hidratadas que AES ha pretendido durante años comercializar bajo el nombre de “Agremax”, se sigan trasladando a otros lugares de la isla para cuestionables “usos beneficiosos”.

Cenizas: sin prisa

Por último, el proyecto de ley aprobado por la legislatura prohíbe que en Puerto Rico se almacenen los residuos de la combustión de carbón por un plazo de seis meses o 180 días, pero excluye de este término a los residuos que se destinen para “uso comercial beneficioso”.

Si el gobernador lo aprueba, la nueva ley favorecerá nuevamente a los ejecutivos de AES, quienes alegan que los colosales montículos de cenizas ubicados a un costado de la planta en Guayama no son otra cosa que un depósito del producto Agremax.

El contrato vigente entre AES y la Autoridad de Energía Eléctrica limita a 180 días el plazo máximo de almacenamiento, aunque la empresa privada ha violado durante años esta cláusula, sin consecuencia alguna.

Actualmente, AES mantiene en sus predios dos montañas de cenizas de carbón, a la intemperie. Una de ellas existe desde antes de octubre de 2015, como estipula un memorando que la empresa emitió en octubre de 2016.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) dictaminó por escrito el pasado mes de diciembre que las mismas constituyen un vertedero de cenizas.

  • boricua196

    Los felicito por informar la verdad.