¿Regresa la Ley Tito Kayak? “Vuelven a la carga para tratar de callar y dominar al pueblo”

A juicio del abogado Martín González Vázquez, la readopción de esta ley tiene la finalidad de despejar el camino para una cantera de proyectos de construcción, que tendrían repercusiones en la salud y el ambiente de comunidades.

Foto archivo

En el más reciente intento del Gobierno para ilegalizar las protestas que afecten proyectos de construcción en la isla, el gobernador Ricardo Roselló Nevares propuso este lunes enmiendas al Código Penal, incluyendo la solapada reactivación de disposiciones de la desaparecida “Ley Tito Kayak”.

Entre los cambios sugeridos incluyó el que se restituya el Artículo 200 que penalizaba como delito grave la obstrucción o paralización de obras con permisos aprobados, incluyendo impedir la entrada al predio u ocupar los terrenos.

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La propuesta también restablece como delito menos grave el Artículo 247, que penaliza la obstrucción de acceso o de labores en instituciones de enseñanza y de salud, al igual que en edificios donde se ofrecen servicios al público. De hecho, se enmendaría el Artículo 246 para incluir como delito el demorar, estorbar o obstruir a un funcionario público.

Las intensiones de la actual administración, sin embargo, contradicen una sentencia del juez Eduardo Busquets del Tribunal de Ponce, quien en marzo del 2013 declaró inconstitucional la llamada “Ley Tito Kajak”, al desalentar las manifestaciones legítimas protegidas por el derecho a la libre expresión.

Con su resolución, además, el juez desestimó los cargos que pesaban contra seis manifestantes que fueron arrestados en el año 2011 durante una protesta contra el proyecto de aerogeneradores de Pattern Energy en Santa Isabel.

La Ley fue derogada en abril de 2013 por el pasado gobernador, Alejandro García Padilla.

“Es un retroceso”

A preguntas de La Perla del Sur, el abogado que ganó el caso legal de los manifestantes santaisabelinos, Martín González Vázquez, criticó la medida y la calificó como otro burdo intento por beneficiar a desarrolladores privados y callar cualquier objeción que pueda surgir de la ciudadanía.

“Lo que está haciendo el gobernador es un retroceso, pero no me sorprende porque ‘no hay mucho aceite en la lámpara’. Esto te demuestra la clase de persona que tiene de asesores”, expresó el también portavoz del Comité Amigos de los Árboles.

A su juicio, la readopción de provisiones de la “Ley Tito Kayak” no puede tener otra finalidad que despejar el camino para una cantera de proyectos de construcción, que tendrían repercusiones para la salud y el ambiente de comunidades.

Por ello, adelantó que la medida enfrentará fuerte oposición en las calles y en los tribunales.

“Todos sabemos que en las agencias del gobierno, la protección de la ciudadanía pasa a un segundo plano cuando se trata de ayudar a sus amigos desarrolladores. Usualmente, la protesta es el único remedio que se tiene para frenar los abusos y ahora vuelven a la carga para tratar de callar y dominar al pueblo”, expuso González Vázquez.

“Como no pudieron con los manifestantes que se levantaron y frenaron el depósito de las cenizas de carbón en Peñuelas, intentan criminalizar el derecho a la protesta”, continuó. “No es otra cosa que tratar de atemorizar a las personas”.

“Esto ya está planificado. Si lo aprueban, se derrotará en los tribunales, pero en lo que esto se litiga, vas a ver un montón de arrestos y proyectos nefastos. Para cuando se resuelva, ya el daño estará hecho y esa es la intensión de ellos”, agregó.

Al tribunal de Guayanilla

Mientras González Vázquez se expresaba, este semanario confirmó que justo durante la mañana de este jueves, 9 de febrero, los primeros 21 manifestantes arrestados en Tallaboa bajo cargos de desacato a una orden del tribunal apelativo se presentarán ante la Sala de Investigaciones del Tribunal de Guayanilla.

Allí su defensa legal solicitará que se desestimen los cargos, tras conocerse el pasado 20 de diciembre que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ratificó la ordenanza que prohíbe el depósito de cenizas de carbón en territorio peñolano.

Otras 41 personas arrestadas el 23 de noviembre han sido citadas para el jueves, 16 de febrero.