Prolongada escasez de agua potable para residentes de Estancias del Madrigal

Los residentes acudieron nuevamente al Tribunal para remediar el problema que cambió su ritmo de vida desde hace dos años.

Haydée Georgi Rodríguez. Foto: Daileen Joan Rodríguez

PONCE – Tras seis semanas careciendo del servicio de agua potable, los residentes del complejo Estancias del Madrigal en Ponce volvieron al Tribunal de Ponce ayer -martes- anhelando una solución inmediata para el problema que, según un vecino del área, Edgardo Nuñez, ha aniquilado su calidad de vida.

Sin embargo, el soplo de esperanza con el que llegaron sobre 10 de las 120 familias que residen en el lugar se esfumó tan pronto se percataron de que el abogado que contrataron, Smith Scott, no presentó ante la jueza Marisol Díaz Guerrero prueba de las tribulaciones que están pasando estas personas.

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De hecho, no se redactó un documento oficial con el listado de gastos en los que han incurrido estos propietarios para poder obtener el preciado recurso desde el pasado 14 de marzo, cuando “colapsó” por completo el pozo que les proveía el agua.

Su abogado, Scott, solo recalcó una y otra vez que urgía fortalecer la comunicación entre las partes. “Parte del problema es que estamos nosotros averiguando, por parte del perito contratado, las decisiones de la parte demandada…él (el desarrollador) no siempre contesta el teléfono”, sostuvo, mientras los presentes murmuraban diversidad de comentarios con notable angustia.

Sucede que los vecinos de Estancias del Madrigal llevan esperando desde el pasado 18 de enero que una persona contratada por el desarrollador del proyecto, José V. Hernández Hernández, termine de reparar un pozo adyacente al que previamente utilizaban. No obstante, aunque se determinó esa fecha límite en el Tribunal, al sol de hoy, Ernesto Campos no ha concluido las labores de restauración.

Empero, el abogado de la parte demandada, Pablo Colón, asegura que la situación no está al alcance de su cliente, que la labor de Campos fue aprobada por la Asociación de Residentes, y por el propio desarrollador, a quien se le facturó $30,000 por el trabajo.

“El mío no tiene la culpa”, insistió, mediante vía teléfonica a este medio ya que el licenciado José Torres Nolasco compareció a la vista de “injunction” de ayer en su lugar. “La gestión se está haciendo”, agregó este último ante la jueza.

Por esta carencia de evidencia en los argumentos, la magistrada pospuso la vista para el jueves 27 de abril, aunque recalcó que el asunto debe resolverse esta semana. Alegadamente, Campos debe instalar las camisillas, las bombas y el cableado para mañana, jueves 20 de abril.

Claman ayuda

A la salida del tribunal, el recién electo presidente de la Asociación de Residentes, Benigno Morales, reveló que el responsable del complejo -José V. Hernández Hernández- aún no les ha dado la cara y que las agencias de Gobierno les han “cerrado las puertas” porque se trata de un proyecto de vivienda privado.

Por otra parte, Sherleen Portalatín Carrasquillo, asistente de la administración del complejo, reveló que ya se han pagado sobre tres permisos de $75 para que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) les provea el camión cisterna.

“En estas seis semanas hemos gastado sobre $5,000”, comunicó, aunque en realidad el gasto excesivo en el que están incurriendo estas familias inició hace más de dos años cuando el agua del pozo se redujo drásticamente e inició un crudo racionamiento; su servicio de agua potable se recortó a cinco horas diarias, de 5:00 de la mañana a 9:00 de la mañana y de 5:00 de la tarde a 6:00 de la tarde.

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La Perla del Sur contactó al director regional del Departamento de Asuntos del Consumidor, José Miguel Freire Conde, para conocer cuántas querellas se han radicado en contra del desarrollador y de qué manera la situación le afectaría. Mas, Freire Conde no supo decir la cantidad de querellas ni si se le revocaría la licencia al desarrollador. “La ley de quiebra lo protege”, mencionó.

Por otra parte, la directora de infraestructura de la AAA, Lynnette Ramírez Rivera, remachó que por ser una inversión privada, la agencia no tiene “jurisdicción alguna”.

“Esto se endosó en el 2006, pero se aprobó bajo la premisa, con la exigencia, de que iba a operar con un pozo privado y el servicio de alcantarillado sanitario sí se iba a estar conectando al sistema de la autoridad”, explicó.

La vicepresidenta de operaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán Crespo, añadió que “desde que el complejo se construyo y previo a que finalmente pudieran utilizarlo, se hicieron las comunicaciones correspondientes con la AAA para establecer la viabilidad de que ellos pudieran conectarse a nuestra infraestructura. Eso, en ese momento, no se podía porque no había infraestructura y se le permitió la construcción del sistema, pero estaba condicionado a que ellos desarrollarían un pozos y un tanque para el uso interno de las facilidades y así se hizo”.

Al presente, señaló, para conectar las viviendas al sistema de la AAA, el desarrollador tendría que construir una estación de bomba o instalar un tramo de tubería, es decir, tendría que hacer la inversión necesaria.

“Es responsabilidad de la asociación tomar la acción que sea necesaria y legal contra esa persona que le hizo falsa representación durante todo este tiempo”, concluyó.

Los residentes de Estancias del Madrigal hicieron una solicitud a esta agencia de gobierno para evaluar cuáles son los requisitos para poderse conectar a la AAA. No obstante, aún están a la espera de que la oficina de la región les responda y continúan pagando alrededor de $1,500 dólares semanal para abastecer una cisterna de 50,000 galones. Asimismo denunciaron que hace más de un año no reciben evidencia del muestreo de agua que se supone haga el Departamento de Salud al pozo que les brindaba el servicio.