En Peñuelas todo está “normal”, insiste La Fortaleza

“Nunca en mi vida había escuchado tantas mentiras en tan poco tiempo”, sentenció el portavoz de Comité Dialogo Ambiental de Salinas, Víctor Alvarado Guzmán, sobre las expresiones emitidas durante la conferencia de prensa.

Foto: Jason Rodríguez Grafal

La creciente resistencia al depósito de miles de toneladas de cenizas tóxicas de carbón en el vertedero de Peñuelas no es un asunto de mayor trascendencia para el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y su principal asesor legal, Alfonso Orona Amilivia.

En conferencia de prensa efectuada hoy desde La Fortaleza, ambos además intentaron minimizar la consistencia y consecuencia de las protestas, al despacharlas como algo “normal”.

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Incluso, a un pedido para que reaccionara a un reportaje publicado por La Perla del Sur -donde se desvela el deterioro de la seguridad pública en la región a consecuencia de la masiva movilización de efectivos para operativos y escoltas policíacas- el gobernador optó por evadir la premisa.

En su lugar, Rosselló Nevares intentó alejarse del coro de críticas por la estrecha colaboración entre La Fortaleza, la Policía, AES Puerto Rico y EC Waste.

“Aquí no hay ninguna petición especial a lo que sería la movilización del desperdicio, del Agremax, que se está moviendo hacia Peñuelas. Lo que sí hay, como en cualquier incidencia, es que cuando ocurre un evento, la Policía reacciona. Están ahí para proteger al ciudadano”, expresó el gobernador.

“Pero que exista una coordinación o que se maximice de una manera diferente el número de policías, eso no es correcto”, alegó.

Las expresiones del primer ejecutivo, empero, chocan con el saldo de los 13 operativos que ha dirigido la Policía para forzar el transporte de sobre 10 mil toneladas de cenizas entre Guayama y Peñuelas, desde que se firmó la polémica Ley 40: legislación que legitimó la permanencia de este desperdicio tóxico en la isla bajo el pretexto de “uso comercial beneficioso”.

Sobre 300 agentes asignados por día, la activación de unidades especializadas en arrestos y motines, la movilización de decenas de patrullas y motoras, y hasta la asignación de helicópteros para sobrevolar las protestas lo comprueban.

Minimiza despliegue policiaco

Aun así, Orona Amilivia rechazó que el despliegue de cientos de agentes para cada uno de estos operativos, incluyendo personal de Operaciones Tácticas, Arrestos Especiales, Tránsito y la Unidad Motorizada, sea exagerado.

“Ahí no se está estableciendo un número de policías más allá de lo normal de lo que se establece cuando hay un tipo de manifestación como esta”, declaró.

“Aquí no se está haciendo nada fuera de lo normal”, insistió.

Orona Amilivia incluso alegó -de forma errada- que los operativos “se están atendiendo con los policías de la zona”.

Como evidencian partes de prensa de la propia uniformada, solo a Peñuelas se han asignado recursos y equipo de municipios tan apartados como San Juan, Arecibo y Mayagüez.

Se lavan las manos

Por otra parte, tanto el gobernador como su asesor legal defendieron las ejecutorias de la Policía, al alegar que la uniformada se ha limitado a proteger el acceso vehicular durante los operativos, por el bien de los propios manifestantes y la ciudadanía.

“Ciertamente, cuando se paraliza una carretera y se limita el flujo de acceso a los ciudadanos, entonces ahí -al igual que ha ocurrido en San Juan en otros eventos o incidencias- la Policía va a intervenir”, dijo Rosselló Nevares.

“La función del policía es garantizar el acceso libre a las vías públicas para todos, para los transeúntes, para los manifestantes y para las personas que tienen una operación comercial de forma legal”, añadió el asesor legal del gobernador.

No obstante, en sus expresiones ambos funcionarios obviaron cómo la uniformada ha acorralado a manifestantes y comunicadores en múltiples instancias, sin explicación alguna, ni cómo la propia Policía ha bloqueado el tránsito en la autopista PR-52 para permitir que las caravanas de camiones ocupen ambos carriles, sin que nadie se les interponga o rebase.

Las congestiones que ha ocasionado está práctica han sido documentados en vídeo por este semanario y difundidas en directo por las redes sociales.

La uniformada además ha clausurado temporeramente las vías de acceso a la autopista mientras el convoy avanza hacia Peñuelas y ha clausurado el tránsito vehicular en las carreteras PR-385 y PR-127 de Peñuelas, con el fin de brindar acceso expedito a los camiones contratados por la empresa AES.

Asimismo, la Policía tampoco ha actuado ante las denuncias de manifestantes cuando múltiples camioneros han entrado a Tallaboa a exceso de velocidad, en ruta al vertedero.

Durante la conferencia de prensa, tanto el gobernador como su asesor legal y la superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, tampoco soltaron prenda sobre el costo de cada uno de estos monumentales operativos.

En el pasado han alegado que esta información es privilegiada y que no se puede divulgar por tratarse de un asunto de “seguridad nacional”.

Los funcionarios tampoco reaccionaron a reportes sobre el vandalismo perpetrado a vehículos de manifestantes y periodistas, aun cuando estos han ocurrido en espacios bajo la estricta supervisión y control de decenas de agentes de la Policía.

“Se desenmascaró el Gobernador”

Al concluir la conferencia de prensa, el portavoz de Comité Dialogo Ambiental de Salinas, Víctor Alvarado Guzmán, sentenció que las palabras del gobernador y su principal asesor legal denotan “un alto grado de cinismo”.

“Nunca en mi vida había escuchado tantas mentiras en tan poco tiempo”, resumió.

“Cómo es posible que el gobernador se atreva a decir públicamente que lo que la Policía está haciendo es reaccionando a lo que está sucediendo, cuando horas antes de que salgan los camiones de Guayama ya están dando seguridad frente a la planta y tienen 400 policías en la entrada del vertedero en Peñuelas”, planteó Alvarado Guzmán.

“¿Quién a estas alturas puede argumentar que esto no es algo planificado y coordinado entre la Policía, el gobierno y esta empresa privada?”, cuestionó.

“Hablan de proteger a la ciudadanía, pero los manifestantes han hecho montones de querellas en contra de la Policía y la Policía no los atiende. Pero cuando alguna acusación es en contra de los manifestantes, eso sí corre rápido”, añadió.

Por su parte, el portavoz del Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa, José Manuel Díaz Pérez, opinó que las expresiones de Rosselló Nevares dejan claro su “compromiso absoluto con AES”.

“Si algo bueno tuvo esta conferencia de prensa es que se desenmascaró el gobernador de Puerto Rico”, expresó. “Desde que bajaron de La Fortaleza las enmiendas a la Ley 40, ya sabíamos que el gobernador estaba al servicio de la AES, pero con el papelón que hizo hoy en la conferencia de prensa, ahora todos lo pueden ver”.

“Se creen que por hacer las fechorías a las 2:00 de la madrugada, nadie está pendiente, nadie ve lo que han estado haciendo. Están bien documentadas las poca vergüenzas que han hecho en Peñuelas y Guayama, y hacen el ridículo cuando dicen estas barbaridades en una conferencia de prensa”, continuó.

“Han intentado crear la impresión que lo que está pasando en Peñuelas es algo rutinario y que la Policía esta ahí para la seguridad de los manifestantes. Pero los únicos que han sido acorralados y recibido empujones son las personas de las comunidades que están ahí, defendiendo su salud de los abusos de estas empresas privadas (AES y EC Waste) y del propio gobierno”, concluyó.