Por la borda: se esfuma otro año para el Puerto de Las Américas

No fue hasta el pasado 1 de diciembre que la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Ponce efectuó su primera reunión del año. La anterior fue en diciembre de 2016.

Foto archivo / Heriberto Rodríguez

PONCE- En medio de una conferencia de prensa el pasado 17 de febrero y mientras posaban para fotos frente a las grúas post-panamax, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri, pregonaron tener un nuevo plan para activar el Puerto de Las Américas (PLA).

A pesar de la insolvencia admitida por su ayuntamiento, Meléndez Altieri retomaría el control del proyecto portuario mediante la inminente aprobación del Proyecto de la Cámara 714 para, de paso, revivir su desbancada “Solución Ponceña”.

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No obstante, a casi un año de aquel espectáculo político, poco se ha hecho para salvar del letargo al PLA.

De hecho, no fue hasta el pasado viernes, 1 de diciembre que la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Ponce (APP) efectuó su primera reunión del año. La anterior ocurrió en diciembre de 2016, confirmó La Perla del Sur.

Entretanto, el Proyecto de la Cámara 714 -presentado por el representante novoprogresista Víctor Torres González para reconfigurar la Junta de Directores a favor de la alcaldesa de Ponce- lleva 10 meses varado en el proceso burocrático de la legislatura.

“Han pasado los meses y no se ha hecho absolutamente nada con el puerto”, lamentó el alcalde de Juana Díaz e integrante de la Coalición del Sur, Ramón Hernández Torres. “Se habló mucho que querían controlar el Puerto, pero ha sido un año perdido en la historia del Puerto de Las Américas”.

“No se ha visto iniciativa y no se le ha brindado información al pueblo, en un momento crítico y cuando es altamente necesario poner en funciones ese puerto”, continuó. “Si tienen interés en él, tienen que demostrarlo y hasta ahora no lo han hecho, más allá de querer tener el control”.

El pasado mes de junio, además, La Perla del Sur reveló cómo la administración de Rosselló Nevares desangró el nuevo presupuesto anual de la APP, al reducir en 92.1 por ciento sus fondos, de $6.3 millones a $500 mil.

Inmovilismo

Según fuentes de este semanario, el inmovilismo en el puerto responde en parte a las dudas sobre el curso que tomaría la APP, una vez se apruebe el PC 714.

De hecho, entre los meses de diciembre de 2016 y junio de 2017, la Junta de Directores ni siquiera contaba con integrantes suficientes para tomar decisiones, tras la renuncia de Rafael “Faelo” Vassallo, la carencia de un suplente y la renuencia de la alcaldesa de Ponce a nombrar sus tres representantes en la Junta, como dicta la aún vigente Ley 240.

El gobernador finalmente nombró a la profesora Vivien Asad Pérez -de la Facultad de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica en Ponce- como reemplazo de Vassallo el pasado 3 de abril y fue confirmada por el Senado el 24 de junio.

Aun así, no fue hasta el pasado 1 de diciembre que la Junta de Directores se reunió por primera vez en lo que va de año, para tomar decisiones relacionadas al puerto.

Por consiguiente, no fue hasta esa fecha que la Junta finalmente aprobó la designación de Ian Carlo Serna como nuevo director ejecutivo de la APP: cinco meses después de que expirara el término del pasado director ejecutivo, Carlos Iván Mejía Algarín.

Renegocian con PORTEK

Por otra parte, La Perla del Sur supo que la Junta renegoció días atrás el contrato entre PORTEK y la APP, para reducir su compensación y personal asignado al puerto.

Según fuentes, el pago mensual a PORTEK se redujo de $100 mil a $60 mil. Asimismo, la firma con sede en Singapur tendrá uno y no tres ejecutivos destacados en el puerto: Janis Kasalis, el director de Desarrollo de Negocios de PORTEK en Puerto Rico.

Los otros dos regresaron a Singapur y presuntamente estarán disponibles para asistir desde ese país asiático, de ser necesario.

Por otra parte, PORTEK y la APP han postergado hasta agosto de 2018 el dictamen sobre una posible concesión a largo término del puerto. Un mes más tarde vence el acuerdo de manejo y asesoría entre las partes.

En diciembre de 2016, el pasado director de la APP planteó que durante el verano de 2017 PORTEK y la APP ya podrían negociar un potencial contrato de concesión a largo plazo.

Tarde y con prisa

Entretanto, no fue hasta el pasado viernes, 1 de diciembre que el PC 714 pasó a una vista pública en la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado.

La actual sesión legislativa concluye el 15 de diciembre.

En la vista participaron solo tres de los nueve integrantes del Comisión -entre ellos, su presidente Miguel Laureano Correa- y depusieron la alcaldesa de Ponce, su asesor Rafael Torres Torres y el designado director ejecutivo de la APP, Ian Carlos Serna.

Tras su aprobación en la Cámara en voto partidista el pasado 25 de junio, el proyecto lleva más de cinco meses a la espera de un informe positivo de esta comisión, para luego ser sometido a votación en el Senado.

No obstante, el pasado viernes trascendió que la comisión esperaba rendir su informe positivo este mismo lunes, con la intensión de que el proyecto se apruebe en el Senado antes de que concluya la sesión.

Aun así, las enmiendas incluidas necesitarían concurrencia de la Cámara antes de ser enviadas al Gobernador para su firma.

El pasado mes de febrero, La Perla del Sur advirtió que el PC 714 -según presentado- estaba plagado de ambigüedades y no ofrecía un plan detallado de desarrollo, toda vez que retiraba garantías y protecciones al desarrollo del puerto.

Entre las alteraciones del lenguaje incluidas en el proyecto resalta la eliminación de la contratación prioritaria de un operador portuario de calibre internacional y la búsqueda de un administrador para desarrollar las zonas de valor añadido.

El PC 714, además, propone eximir a los miembros de la Junta de Directores de la APP del requisito de “experiencia en el comercio marítimo internacional”, elimina el requerimiento de reuniones mensuales y descarta la cláusula donde se prohíbe que funcionarios electos o personas que hayan participado de elecciones políticas puedan formar parte de la junta.