En jaque las operaciones de la mitad de los laboratorios clínicos

La devastación precipitada por el fenómeno atmosférico, empero, se unió a otro golpe: una reducción de 30 por ciento en las tarifas de los laboratorios clínicos por parte del plan del gobierno, Mi Salud.

Foto archivo

Más de la mitad de los 754 laboratorios clínicos en la isla han cerrado u operan con horarios o servicios reducidos desde el paso del huracán María el pasado 20 de septiembre, debido a la falta de agua potable, electricidad o capital operacional, según estimados de la Asociación de Laboratorios Clínicos (ALC).

Alba I. Rivera Torres, presidenta de la ALC, informó que aproximadamente 226 de los 400 laboratorios afectados se han visto imposibilitados de operar en lo absoluto al estar ubicados en lugares que continúan sin servicio eléctrico y sus propietarios carecen de los recursos para operarlos con un generador portátil.

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Algunos de estos, advirtió, nunca volverán a abrir.

Otros están operando con generadores eléctricos, lo que representa gastos extraordinarios para sus dueños.

La devastación precipitada por el fenómeno atmosférico, empero, se unió a otro golpe: una reducción de 30 por ciento en las tarifas de los laboratorios clínicos por parte del plan del gobierno, Mi Salud.

La tecnóloga médica, quien opera un laboratorio en Santa Isabel, anticipó que próximamente contará con estadísticas concretas, cuando la doctora Eva J. López Sullivan, del Departamento de Administración de Empresas del Recinto de Ponce de la Universidad de Puerto Rico, complete una investigación de las pequeñas y medianas empresas de la región sur que han cerrado operaciones desde el huracán María.

Advirtió que el cierre de laboratorios clínicos tiene repercusiones directas en los pacientes al limitar el acceso a los servicios de salud de comunidad.

Explicó que algunos pacientes pueden acudir a otros laboratorios, pero otros carecen de transportación propia, asunto que se complica con la desaparición de las rutas de porteadores públicos entre un pueblo y otro.

Rivera Torres calificó la combinación de la tempestad atmosférica y la reducción tarifaria como “la tormenta perfecta”, cuyos embates sacaron a la luz los defectos de un sistema de salud que dejó en manos de las aseguradoras privadas las decisiones vitales para la atención de los pacientes, la pérdida de credibilidad ante el Congreso de los Estados Unidos por los abusos a las asignaciones de fondos de los programas Medicare y Medicaid, y la ausencia de reservas de capital para mantener operando las instalaciones médicas tras el paso del huracán.

El doctor Rafael F. Torregrosa, presidente del Consejo Multisectorial de Salud de Puerto Rico, abogó el pasado 30 de noviembre ante la Junta de Supervisión Fiscal por un nuevo de sistema de salud universal fundamentado en un pagador único para “democratizar la planificación y empoderar a los pacientes” en el segundo plan fiscal bajo la Ley Promesa.

Explicó que su propuesta mejoraría las tarifas que se le pagan a los proveedores, sin recortar servicios a los beneficiarios ni encarecer costos. Al contrario, aseguró que dicho modelo lograría un ahorro de $1,000 millones en gastos de salud en Puerto Rico, equivalente a lo que el liderato de la isla pretende obtener del Congreso ante del precipicio fiscal médico de la semana entrante.

“No estamos pidiendo cosas que se han hecho en Cuba y Rusia”, afirmó Torregrosa. “Usamos el ejemplo de California y Oregon”, al referirse a un sistema con mayor fiscalización que el actual y que a su juicio ayudaría a convencer al Congreso de que sus asignaciones presupuestarias serán bien utilizadas.