Irán en alzada contra manifestantes arrestados en Peñuelas

Nelson Pagán durante una manifestación en Tallaboa, Peñuelas (Foto: Abimael Medina)

PONCE– El ministerio público irá en alzada luego que una jueza del Tribunal de Ponce no encontrara causa el martes contra dos sujetos que fueron arrestados en medio de una manifestación en el Vertedero Industrial de Peñuelas.

Según el informe de novedades, los imputados son Jimmy Borrero de 58 años y Nelson Pagán de 65, ambos residentes en Peñuelas. Éstos enfrentan denuncias menos graves por el artículo 246 de obstrucción a la justicia y artículo 9.04 de deberes y responsabilidades de los peatones.

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Las autoridades detallaron que los sujetos fueron detenidos el martes por desacato a un interdicto del tribunal en medio de una manifestación frente al mencionado vertedero en rechazo al depósito de cenizas de la compañía AES. Éstos se acostaron en medio de la vía para intentar evitar la entrada de camiones al lugar.

La juez Marangely Colón, determinó no causa por las denuncias radicadas para ninguno de los imputados. El caso será llevado posteriormente en alzada.

El martes, el superintendente de la Policía, José Caldero López recibió en su oficina al alcalde de Peñuelas, Walter Torres Maldonado, ante su preocupación por la intervención de agentes de la Uniformada con los manifestantes.

Según Caldero López, el pasado 5 de julio, el juez Erick Ronda del Toro emitió un interdicto preliminar que ordenaba a la Policía a asignar el personal necesario para establecer un perímetro para que no se obstaculizara el libre acceso de los camiones para hacer su trabajo.

Por su parte, Víctor Torres, portavoz del Campamento contra la Junta de Control Fiscal, expresó solidaridad con el Campamento contra las Cenizas de Carbón de Peñuelas y denunció el uso de intimidación y fuerza represiva por parte de la Policía y el gobierno en contra de los activistas detenidos.

“El Campamento contra la Junta de Control Fiscal considera que la defensa de los derechos ambientales son parte inseparable de su plataforma política, que además incluye el repudio a una deuda pública ilegal y el colonialismo que ésta representa. La sección 503 de la Ley PROMESA facilitará la implementación de proyectos críticos que atentarán contra el bienestar público y la naturaleza, convirtiendo actos como el de Peñuelas en la orden del día”, indicó Torres en una declaración escrita.

Además, agregó que “la Junta de Control Fiscal exacerbará la criminalización de las luchas ambientales en particular, así como las luchas políticas y laborales, dejándonos sin recursos de defensa ante las agresiones del sistema. Consideramos la ofensiva gubernamental a nivel estatal y federal, tanto en el caso del depósito de las cenizas tóxicas como con la implementación de una Junta antidemocrática, como un atentado contra los derechos básicos y las libertades civiles de las comunidades”.