Aunque el proyecto que prohíbe la práctica del graffiti en la Ciudad Señorial fue presentado la pasada semana ante la Legislatura Municipal de Ponce por la mayoría del Partido Nuevo Progresista, la alcaldesa María Meléndez Altieri no la firmará.
Esto a menos que la medida sufra cambios significativos, anticipó a este Semanario el administrador de la Ciudad, Arturo Picó Valls.
Según reconoció el propio funcionario, esta es la primera vez en el cuatrienio que la mayoría de la Legislatura Municipal radica un proyecto que no es cónsono con la visión de la Alcaldesa y líder de la congregación política.
“Esta medida no nació de la Alcaldesa, ni de ninguno de los directores que representamos el poder ejecutivo municipal”, afirmó Picó Valls, “sino que nació de la iniciativa del poder legislativo municipal”.
“Se le presentó a la Alcaldesa durante una reunión la semana pasada y desde que le dio lectura, mencionó que no estaba dispuesta a considerarla, porque entendía que tenía unos vicios de inconstitucionalidad”, planteó.
“No estamos de acuerdo con la medida en la forma que está redactada y tiene que sufrir unos cambios significativos para que el Poder Ejecutivo la pueda empezar a considerar”, recalcó.
Picó Valls indicó que la visión de la Alcaldesa no contempla una prohibición total del arte urbano, aunque sí un reglamento que incluya designar áreas específicas para su práctica, aspectos que contrastan con la naturaleza filosófica de la medida presentada por la Asamblea.
“Es la visión de esta Administración el poder dar la oportunidad a que haya expresión pública, pero consistentemente ayudar a que esta Ciudad se vea más limpia”, añadió.
“Una respuesta simplista”
Por su parte, el portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático en la Asamblea Municipal, Waldemar Vélez Silvagnoli, criticó la medida como una que atenta contra el derecho de expresión.
“Aparentemente, hay una falta de comunicación entre la Alcaldesa y la Legislatura. A problemas complejos no se puede tener respuestas simplistas. La situación del graffiti es algo que tenemos que verlo en todo su contexto”, sostuvo el también pasado presidente de la Asamblea Municipal.
A su juicio, de adoptarse el proyecto propuesto por la mayoría de la Legislatura Municipal se generará una “guerra” entre las autoridades y los graffiteros que sólo agravará el problema.
“Yo creo que hay que sentarse a dialogar, hacer unas vistas públicas y que el Ejecutivo, el Legislativo y las personas que se quieren expresar de esta forma dialoguen y se crea un proyecto de reglamentación, (pero) aquí se presentó un proyecto a la carrera para tratar de resolver algo complejo, un proyecto simplista que es inconstitucional y que va por encima del Código Penal”, continuó.
Defiende la medida
No obstante, el legislador municipal por el Partido Nuevo Progresista que presentó el proyecto, Luis Salinas Arroyo, defendió la medida, aunque reconoció que tiene espacio para mejorar.
“Nosotros estamos concientes de que hay algunas áreas que se tienen que mejorar y otras a las que tenemos que hacerle una serie de enmiendas para poderlas reforzar para que pueda ser aprobada”, afirmó Salinas Arroyo, quien dijo estar dispuesto a que se hagan reuniones con los graffiteros para obtener su parecer.
“En lo personal, respeto y reconozco el arte de muchos de estos jóvenes que de verdad tienen un talento increíble, pero el arte hay que canalizarlo correctamente para que se pueda ganar el respeto y la admiración de las personas”, continuó.
“Esto va a estar en proceso y todavía no tenemos fecha (para las vistas públicas). Puede ser que dure meses el análisis porque queremos hacer un buen proyecto para que verdaderamente sea de gran utilidad y servicio para los ciudadanos”, concluyó.
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