Las pugnas entre el alcalde de Villalba, Waldemar Rivera Torres, y la mayoría parlamentaria en la Legislatura Municipal han desembocado en cinco pleitos ante los tribunales y el desembolso de decenas de miles de dólares en servicios legales, sólo en los primeros diez meses del actual cuatrienio.
Esto, según reconoció el propio Alcalde villalbeno, al admitir que ha gastado entre $50 mil y $60 mil en honorarios, en lo que va de año.
Esta suma, al combinarse con los gastos legales en los que incurre la Legislatura Municipal para su defensa, implican la erogación de alrededor de $100 mil en fondos municipales.
Mal de fondo
Según fuentes consultadas, las controversias entre la rama ejecutiva y legislativa en Villalba responden -en gran medida- a que sus protagonistas son líderes de partidos contrarios, a quienes les ha tocado el “gobierno compartido”.
“A esto yo no le llamo gobierno compartido, yo lo llamo gobierno dividido”, opinó el alcalde Rivera Torres.
“Los ciudadanos villalbenos estamos pagando para que estemos peleando municipio vs. municipio”, dijo además.
Uno de los pleitos gira en torno al presupuesto operacional del Municipio, que fue aprobado con enmiendas por la Legislatura Municipal, posteriormente vetado por el Alcalde y luego ratificado por el Cuerpo.
En este caso, el Tribunal de Primera Instancia falló a favor de la Legislatura Municipal, pero el caso ahora va al Tribunal de Apelaciones, adelantó el Alcalde.
Según Rivera Torres, las enmiendas al presupuesto incluyen la reducción de fondos en varias partidas y un aumento de más de $100 mil en la asignacion para la propia Legislatura Municipal.
Dicha suma, aseguró, es para aumentar la partida de servicios legales y para alquilar una oficina fuera de la Alcaldía.
“Yo no voy a permitir que con fondos públicos se establesca una mini alcaldía”, afirmó.
En otro de los casos, el Alcalde impugna el rechazo de la Legislatura Municipal a cinco de sus nominados para puestos de gabinete, al entender que cumplen con los requisitos mínimos que establece la Ley.
“La Ley dice que si tú cumples con A, B, C y D, vienes obligado a nombrarlos, pero utilizaron otros argumentos que no son legales y más bien se fueron al aspecto político”, argumentó.
En otro caso, el Alcalde impugna la decisión de la Legislatura Municipal de no renovar el acuerdo que tiene el Gobierno Municipal para administrar los residenciales públicos.
“Llevamos año y medio administrando los residenciales y tenemos puntuaciones excelentes y el Gobierno Federal hizo hace poco una evaluación y excedimos la puntuación con más de 90 por ciento, pero ellos (legislatura) sin ninguna justificación, dijeron que el Municipio no podía administrar los residenciales”, dijo.
En otros dos casos actualmente en proceso, el Alcalde defiende el aumento salarial de $52 mil a $72 mil que le aprobó en diciembre pasado la pasada Legislatura Municipal e impugna reglamentos de uso de vehículos oficiales y celulares aprobados por la Asamblea Municipal.
El pleito relacionado a su salario, alegó además, es costeado con recursos personales y no del Municipio.
Se defiende el Presidente Legislativo
Al ser abordado, el presidente de la Legislatura Municipal, Miguel Rodríguez Martínez, calificó de “exagerados” los estimados de gastos legales del Gobierno Municipal y apuntó a que todos los casos activos en los tribunales fueron iniciados por el Alcalde.
Asimismo, dijo que la Legislatura Municipal financea sus servicios legales con un presupuesto fijo de aproximadamente $45 mil, por lo que el gasto en este tipo imprevistos es uno fijo.
De igual manera, defendió las medidas aprobadas por la Asamblea Municipal y descartó que esté paralizado el Ayuntamiento por pugnas entre él y el Alcalde.
“No podemos negar que en algunos momentos han surgido situaciones incómodas, pero en realidad más del 90 por ciento de la legislacion presentada -ya fuera por el Ejecutivo o por legisladores- ha sido aprobada de parte y parte”, planteó.
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