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Sin freno escalamientos a fincas agrícolas

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Ni declarándolo delito grave lo han frenado. Contrario a todo pronóstico, el hurto de productos agrícolas continúa ganando terreno a lo largo y ancho de extensas fincas en los municipios de Santa Isabel, Juana Díaz y Ponce, trascendió esta semana a La Perla del Sur.

“Esto ha llegado a tal punto que hemos arrancado cerca de 30 cuerdas sembradas de aguacate, porque simplemente nos dimos por vencidos”, confesó Venancio Martí Soler, vicepresidente de Martex Farms, uno de los principales exportadores de frutos menores del país.

“Tengo cinco vehículos dedicados a esto, acres de propiedad cercada y cámaras de seguridad, pero no importa cuánto invierta, se sigue poniendo peor el problema”, aseguró.

Incluso, Martí Soler admitió haber llegado al punto de tener que separar de sus funciones agrícolas a cerca de 20 empleados para que “lo único que hagan sea velar contra el robo”.

“En vez de estar cosechando mangós, aguacates y guineos, están dando servicio de seguridad”, reconoció el patrono de sobre 300 trabajadores agrícolas de la zona.

Más sofisticados

La estrategia, empero, no siempre da resultados. Según denunció, los responsables de estos delitos ya evidencian estilos más sofisticados para perpetrar sus fechorías.

De hecho, Martí Soler aseguró que -a diferencia del pasado- ahora se trata de grupos organizados que cuentan con transportación y equipos de comunicación, con el que advierten la presencia de efectivos de seguridad.

Entre las siembras más afectadas, identificó cuerdas enteras dedicadas a la papaya, melones, calabazas y pimientos. Los daños, además, ya totalizan “miles de dólares”.

Casi $5 mil mensuales en seguridad

Pero Martex no es el único.

Eddie Noel Torres Torres, dueño de la finca El Huerto en Santa Isabel, aseguró estar gastando ya $1,200 semanales en guardias de seguridad para salvaguardar sus 150 cuerdas de hortalizas.

Aun así, lamentó que pierde alrededor del 15 por ciento de toda su producción a consecuencia de los incesantes escalamientos.

“Pero si no pongo guardias, no cosecho”, afirmó el agrónomo, quien nombró al melón de agua, las calabazas y pimientos como los cultivos más afectados por esta práctica.

“Esto se ha convertido en un verdadero problema y necesitamos que la Policía sea más proactiva a la hora de atenderlo”, continuó.

De paso, denunció que la nueva ley que tipifica como delito grave el hurto de productos agrícolas solo aplica cuando un testigo observa el momento en que el delincuente entra a la finca. De lo contrario, sigue siendo un delito menos grave.

Como consecuencia, quienes adoptan esta práctica “son reincidentes” que no han sido disuadidos.

La ley entró en vigor el pasado mes de marzo, cuando el gobernador Luis Fortuño Burset firmó dos enmiendas al Artículo 206 del Codigo Penal que imponen cárcel a los convictos.

“Yo he ido al tribunal con varias personas y los jueces han estado con las manos atadas, porque la ley tiene esa particularidad”, dijo Torres Torres.

“Hay personas que ellos (los policías) saben que son delincuentes y que están vendiendo productos en la calle. Yo entiendo que pueden intervenir con ellos. Si ellos están vendiendo en la calle y no tienen recibo de dónde lo compraron, no son agricultores y no pagan patentes municipales como vendedores, se entiende que su mercancía puede ser robada”, argumentó.

Para complicar el panorama, añadió, esta práctica inescrupulosa ya le está costando también a la ma-yoría de sus clientes en plazas de mercado, quienes no pueden competir con el precio al que se venden los frutos robados.

Seguimiento con Fiscalía y la Policía

“Necesitamos el apoyo de nuestros fiscales. Si se siguen haciendo negociaciones antes de llegar ante el juez, lamentablemente las actitudes pueden continuar allá afuera”, opinó sobre el tema el saliente secretario del Departamento de Agricultura, Javier Rivera Aquino.

Por ello, aseguró que dialoga con la Policía para implementar estrategias de prevención.

“Nos estamos reuniendo mensualmente con la Policía para asegurarnos que las estrategias (de vigilancia) estén funcionando. En cuanto al hurto de ganado, le estamos dando unos adiestramientos a la Policía”, añadió.

Aun así, el Secretario insistió que la responsabilidad primaria de proteger las fincas le corresponde a sus dueños, por lo que recomendó tomar medidas de seguridad internas y establecer “lazos” con la comunidad.

Todo bien para la Policía

Entretanto, el jefe de la Policía Estatal en Santa Isabel, Dionisio Torres Bracero, aseguró que la situación está bajo control.

“Yo llevo un mes en el Distrito de Santa Isabel y en ese mes esos robos han sido nulos o casi ninguno. Solamente se ha reportado uno solo y esa persona está pendiente a ser arrestada ya”, sostuvo quien cuenta con tres agentes asignados exclusivamente al patrullaje de las fincas.

“Los agentes Mateo y Quesada son coordinadores y conocen ampliamente a cada uno de los agricultores de toda la zona de Santa Isabel. Se entrevistan con ellos semanalmente. Adicional a eso, tenemos un plan de patrullaje preventivo con dos agentes en toda la periferia de la zona agrícola”, sostuvo.

21 de diciembre de 2011

 

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