Fiscal en contra de la pena muerte demanda al gobernador de Florida

Aramis Ayala señala que el gobernador le arrebató casos por la "determinación razonada de la fiscalía" contraria a la pena de muerte.

El gobernador de Florida, Rick Scott. Foto: EFE/Gaston De Cardenas

MIAMI – La fiscal Aramis Ayala demandó al gobernador Rick Scott por despojarla de una veintena de casos de asesinato en primer grado, debido a que es contraria a la pena de muerte, informó hoy un medio local.

En la demanda, Ayala, fiscal de los condados de Orlando y de Osceola, señala que el gobernador no dio este “paso drástico” como consecuencia de algún tipo de “mala conducta”, sino porque discrepó de la “determinación razonada de la fiscalía” contraria a la pena de muerte en las “actuales circunstancias”.

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Scott reasignó los casos de pena de muerte, hasta entonces bajo la autoridad de Ayala, al fiscal federal Brad King, cuyo distrito incluye los condados de Marion y de Lake.

El pasado 16 de marzo el gobernador retiró a Ayala del caso de Markeith Loyd, acusado de asesinar a su exnovia embarazada y a una mujer policía, horas después de que la fiscal anunciara que no solicitaría la pena capital contra ese ni ningún otro acusado.

Después lo hizo con otros 21 casos.

“Todo lo que la fiscal Ayala quiere es la capacidad de buscar justicia para su comunidad de la mejor manera que ella sabe y basándose en hechos y datos”, indicó el abogado de la fiscal, Roy Austin, según recogió el diario Orlando Sentinel.

Austin apuntó que la demanda busca que el Tribunal Supremo de Florida y el del distrito de Orlando “aseguren la integridad e independencia del sistema judicial como requiere la ley estatal y federal”.

Ayala asumió el cargo en enero pasado, tras derrotar al actual fiscal Jeff Ashton y, aunque no se refirió al asunto de la pena de muerte en su campaña electoral, el pasado 16 de marzo anunció en Orlando que no pediría la muerte en el caso de Markeith Loyd.

La negativa de Ayala a pedir la pena de muerte ha sido repudiada por el gobernador Scott, el presidente de la cámara baja estatal, Richard Corcoran, y las autoridades policiales, entre otros, aunque también ha recibido el apoyo de las organizaciones civiles que se oponen a las ejecuciones.

La pena de muerte en Florida ha estado suspendida más de un año desde que el Tribunal Supremo de EE.UU. consideró en 2016 “inconstitucional” la forma cómo se decide esta sentencia.

Para ajustarse al fallo del Supremo, el Legislativo aprobó este año una ley que ordena la decisión “unánime” del jurado para decidir la sentencia de pena de muerte, que ya fue firmada por el gobernador Scott.

Florida, junto con Alabama y Delaware, era uno de los pocos estados que no requería un veredicto unánime del jurado para condenar a un acusado a la pena de muerte.

Desde 1976 se ha ejecutado en Florida a 92 reos. Actualmente, unas 400 personas, cuatro de ellas mujeres, esperan en el corredor de la muerte su ejecución mediante inyección letal.